El Gobierno de Áñez aprobó la introducción de nuevas variedades de ese tipo de cultivo. Se defiende que con esa producción se generaría más empleos y se incrementaría las exportaciones

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10 de mayo de 2020, 8:47 AM
10 de mayo de 2020, 8:47 AM

Mediante un comunicado, Comunidad Ciudadana (CC), agrupación política de Carlos Mesa, expresó su “preocupación” y “rechazo” ante la aprobación del Decreto Supremo 4232 para la introducción de nuevas variedades de cultivos transgénicos.

Sostienen que esa medida “podría tener efectos socioeconómicos y ecológicos de largo plazo”, señalando que “no resolverá en lo inmediato las necesidades de alimentación que tienen los sectores populares, que se están sacrificando en esta cuarentena, menos aún con el algodón, que no es un alimento”.

Ese decreto supremo autoriza de manera excepcional procedimientos abreviados para la evaluación de variedades transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya; y le otorga al Comité Nacional de Bioseguridad un plazo de 10 días calendario para aprobarlos.

CC advierte además que “algunos procesos del cultivo de variedades transgénicas pueden tener impactos negativos en la salud humana y en el medioambiente y rendimientos discutibles”, considerando que “la evaluación seria y responsable de cualquier organismo genéticamente modificado debe ajustarse a protocolos definidos en convenios internacionales que requieren pruebas de campo, análisis de laboratorio y estudios socio-ambientales”.

En la víspera, el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, consideró que la determinación “puede ser una respuesta también importante para que se pueda fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones”.

Comunidad Ciudadana concluye señalando que “la aprobación en periodo electoral de decretos de tanta trascendencia para nuestro futuro, como pretende la candidata de ‘Juntos’, es inaceptable tanto desde el punto de vista político como ético”.

Otras reacciones

Al respecto, la ONG Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma) cuestionó la aprobación, porque “pone en mayor riesgo la salud de los bolivianos, saltándose las evaluaciones científicas necesarias para el ingreso de dichos cultivos y destinados para el consumo humano”.

"Este decreto sólo favorece a las grandes industrias químicas dueñas de estas tecnologías y de las semillas; con esta disposición, pretende liquidar la ya deteriorada seguridad y soberanía alimentaria de los bolivianos”, advirtió.

Sin embargo, sectores productivos del país consideran favorable la medida porque motivará la producción agrícola y permitirá una mayor competitividad en las distintas cadenas y complejos agroalimentarios.