El Senador Omar Aguilar (MAS), denunció la mañana de este lunes, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, al director de la ASFI, ante la Fiscalía General del Estado

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12 de mayo de 2020, 9:47 AM
12 de mayo de 2020, 9:47 AM

La presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, que esperaba este lunes la respuesta a la Petición de Informe Escrito (PIE) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por intermedio del Ministerio de Economía, decidió sumarse a la denuncia formal contra el director de la entidad, Guillermo Romano, por el supuesto delito de incumplimiento de la Ley 1294 sobre diferimiento en el pago de créditos en entidades financieras.

“Estamos mandando la denuncia al Ministerio Público para que la ASFI modifique esa resolución y se adecue estrictamente a la norma y se inicien los procedimientos legales en cuanto a la vulneración de esa normativa”, sostuvo la asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Señaló que el comunicado de la ASFI, que indica que los prestatarios deben pagar los créditos desde el próximo mes de junio, está atentando contra la salud y la vida de los bolivianos que adquirieron créditos bancarios, obligándolos a generar dinero cuando aún la pandemia del coronavirus no está controlada.

La diputada Choque deploró que la entidad reguladora no esté haciendo cumplir la Ley 1294, que establece que el diferimiento del pago de créditos estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria en el país y da un plazo de seis meses posteriores al levantamiento de la cuarentena para que los prestatarios se capitalicen.

Otras denuncias

Por el mismo comunicado en cuestión, el Senador Omar Aguilar (MAS), denunció la mañana de este lunes, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, al director de la ASFI, ante la Fiscalía General del Estado.

La anterior semana, el presidente de Diputados, Sergio Choque, anunció la presentación de un recurso de Acción de Cumplimiento para que el ente regulador cumpla con lo establecido en la ley, que aplaza el pago de créditos por el tiempo que dure la cuarentena y hasta después de seis meses, sin ningún cargo.