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Para que puedan contar con recursos económicos a favor de la lucha contra el coronavirus, se presentó en la Cámara de Senadores, un Proyecto de Ley (PL) para que las Entidades Autónomas Territoriales (ETAs) suspendan los pagos de créditos y fideicomisos al Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR) y al Fondo Productivo y Social (FPS). Además, le autoriza la modificación presupuestaria de manera extraordinaria.

“Presentamos este proyecto para facilitar la posibilidad de que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales dejen de pagar sus deudas con el FPS, FNDR y los fideicomisos para la ejecución de proyectos. Se tiene la filosofía de la Ley del Diálogo 2000 (HIPIC I y II). Estos recursos tendrían que quedarse en los gobiernos municipales y departamentales para el equipamiento de hospitales Covid-19”, manifestó el senador Omar Aguilar proyectista de la norma.

Lo que establece la ley

La normativa, que podría ser analizada desde la próxima semana, tiene como objeto, establecer la condonación por intereses y capital, por los fideicomisos y créditos otorgados por el FNDR y FPS, con el fin de que dichos recursos refuercen la lucha contra la enfermedad del coronavirus, el fortalecimiento del sistema de salud a cargo de los ETAs, la seguridad alimentaria y la reactivación económica.

Es así que el FNDR y FPS procederán a condonar la totalidad de los intereses, capital y gastos administrativos pendientes de los fideicomisos y créditos. Los recursos que se dejarán de pagar por efecto de la condonación de intereses y capital de los créditos del FNDR y FPS, se constituirán en recursos especiales para la lucha integral contra el coronavirus, los cuales, solo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente ley.

Los recursos señalados serán administrados en una cuenta especial del Tesoro Municipal, denominada “Lucha Covid-19”. Su uso será informado anualmente al Concejo Municipal y será objeto de auditoría externa.

El 50% de los recursos de la cuenta “Lucha Covid-19” se distribuirán en la ejecución inmediata de acciones sanitarias para reducir la expansión de la pandemia del coronavirus, la compra de pruebas y el equipamiento de bioseguridad de la población; el 20% será para fortalecer los programas de seguridad alimentaria a cargo de los ETAs; el 30% para la reactivación de la economía local.

También, se autoriza a las ETAs, realizar modificaciones presupuestarias de inversión a gasto corriente, para el uso exclusivo y único de equipamiento para la lucha contra el Covid-19, mientras dure la declaratoria de emergencia.

De la misma manera, autoriza a las ETAs, de manera excepcional, mientras dure la declaratoria de emergencia, realizar la contratación directa de proveedores de insumos y medicamentos destinados a combatir la pandemia del coronavirus.

Para contrataciones mayores a Bs 20.000, se solicitará al proveedor el certificado del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para la formalización de la contratación y el registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La justificación

El proyecto toma en cuenta que el decreto Supremo 4198 del 18 de marzo 2020, establece medidas tributarias de urgencia y temporales, durante la situación de emergencia nacional por la presencia del brote de coronavirus.

La caída de los precios del petróleo y de los volúmenes de exportación, provocaron también, que los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos departamentales, vean reducidos sus ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Fondo de Compensación.

Se suma la suspensión de actividades públicas y el diferimiento de pagos de obligaciones tributarias que está provocando que el gobierno nacional, deje de recibir tributos y por ende, no existan recursos para coparticipación con los municipios.

El Proyecto considera que es necesaria que estas entidades regionales, reorienten sus recursos con el fin de atender integralmente la pandemia del coronavirus.