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La compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio tiene al Gobierno en la mira por cuestionamientos sobre su utilidad y precio

Después de que estos arribaran al país (el 14 de mayo) y fueran entregados en varios hospitales, médicos advirtieron que no son aptos para terapia intensiva, lo que luego fue confirmado por el Ministerio de Salud que dijo que son equipos "de emergencia" para mantener a una persona con vida hasta que sea conectada a un respirador convencional.

En los días siguientes, se reveló que el precio del equipo en fábrica es de unos 8.000 dólares y que el Estado boliviano destinó 27.683 dólares por cada unidad, haciendo un monto de 4,7 millones de dólares cuando en total costarían 1,4 millones (3,3 millones de dólares más que el precio en fábrica).

Desde que se destapó el escándalo, varios funcionarios públicos han sido aprehendidos y se destituyó al ministro de Salud. En esta nota, que será actualizada conforme se desarrolle la investigación, explicamos quiénes son los involucrados en este caso y qué empresas participaron en el proceso de adquisición.

Marcelo Navajas. Ex ministro de Salud, fue quien dio la orden de adquirir los equipos mediante dos notas enviadas al director de la Aisem. El 20 de mayo fue convocado a declarar por este caso, fue aprehendido y la presidenta interina Jeanine Áñez, lo destituyó del cargo que había asumido el 8 de abril. 

Aisem. Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, es dependiente del Ministerio de Salud y fue la encargada de gestionar la llegada de estos polémicos equipos desde España. Fue creada en 2017 y a finales de abril de este año se ampliaron sus competencias para que pueda gestionar y adquirir reactivos, medicamentos y contratar personal.

Geovanni Pacheco. Dos días después de haberse ampliado las competencias de la Aisem, se designó a un nuevo director. Geovanni Pacheco, asumió el cargo y fue quien firmó el contrato de compra. Se trata de un profesional que estuvo vinculado durante años a Samuel Doria Medina, quien una vez destapado el caso negó una vinculación reciente con Pacheco y dijo que desde hace seis años no trabaja con él.

Fernando Valenzuela Billewicz. Era director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y fue quien se contactó con la empresa que compró los equipos. En el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue colaborador cercano de Gabriela Montaño y trabajó junto a ella en la Cámara de Diputados y luego en el Ministerio de Salud. Al finalizar las negociaciones, Valenzuela habría recibido la proforma de una empresa que ofrecía los mismos respiradores a mitad de precio, pero, pese a ello, optó por la oferta más cara.

GPA Innova. Es la empresa que fabrica los respiradores, fue fundada en 2013 y tiene sede en Barcelona. La empresa catalana se dedica al tratamiento de metales, pero desarrollaron un respirador ante la necesidad que había en España para tratar a pacientes con coronavirus.

Pau Sarsanedas. Es gerente de GPA Innova y fue quien dio a conocer el precio de los respiradores. Aseguró que los vendió a una empresa intermediaria y al precio de fábrica: 6.000 euros el modelo básico más 600 euros por los accesorios. Bolivia pagó por cada equipo más de 27.000 dólares.

IME Consulting. Es la empresa intermediaria que hizo el negocio con el Gobierno de Bolivia. Es una firma vasca que tiene sede en Bilbao. Tiene un capital social de 3.000 euros.

Ignacio Manuel Mazarrosa Escoriaza. Es el gerente de IME Consulting y quien firma el contrato con la Aisem. El Estado boliviano pagó la mitad del dinero establecido para la compra y cuando se inició la investigación por presunta corrupción, se ordenó congelar el pago de la otra mitad. Ante esto, Mazarrosa, dijo que no enviará a Bolivia los accesorios y el software de los equipos hasta que no le paguen el dinero restante. Por lo cual, los 170 respiradores no pueden ser utilizados.

Iñaki García. Socio de Mazorrosa en IME Consulting. Fue él quien se puso en contacto con el Consulado de Bolivia en Barcelona para que inspeccionen los equipos en la fábrica. Según la declaración de uno de los involucrados en el caso, García fue quien se contactó con otros dos intermediarios en Bolivia.

David Alberto Pareja Lozada. Cónsul de Bolivia en Barcelona, fue quien acompañó a los representantes de IME Consulting a la fábrica de respiradores para inspeccionarlos y se contactó con el Ministerio de Salud para confirmar su existencia. En una carta enviada a la canciller Karen Longaric advierte que el negocio está en peligro porque hay una empresa que ofrece los mismos dispositivos a mitad de precio. Pareja Lozada es ingeniero industrial e hijo de la candidata a primera diputada de Santa Cruz por Juntos, la alianza que postula a Áñez, y no tiene experiencia en asuntos diplomáticos ni de relaciones internacionales. Ocupa el cargo desde mediados de marzo.

Fernando Humérez. Fue uno de los dos intermediarios de la compra en Bolivia y se presentó ante la justicia como "testigo clave". En su declaración señala que entre el Ministerio de Salud y la empresa fabricante hubo tres intermediarios: IME Consulting, su persona y Wálter Zuleta. Humérez manifestó que cada uno iba a ganar 340.000 dólares por gestionar la compra.

Wálter Zuleta. Es otro de los intermediarios que se puso en contacto con la distribuidora española. Zuleta es abogado y está exiliado en Perú hace cuatro años, fue defensor de Gabriela Zapata. Manifestó que hizo tres cotizaciones de respiradores, una de ellas la de IME Consulting, y que se las remitió a Fernando Humérez. 

Mohammed Mostajo. Ocupa un cargo sui generis en el Gobierno, es "embajador de Ciencia y Tecnología" y depende de la Cancillería. Durante la pandemia cobró notoriedad por sus apariciones públicas hablando sobre equipos, insumos y otros temas relacionados. A inicios de abril publicó un video en el que informaba que llegarían 500 respiradores al país. Sin embargo, en los últimos días aclaró que los 170 de la polémica no tienen nada que ver con los que el señaló y que esta adquisición lo tomó por sorpresa. Será convocado a declarar en calidad de testigo.

Karen Longaric. La canciller del Estado no está involucrada directamente en el caso pero su nombre apareció durante las investigaciones, luego de que se conociera que el cónsul en Barcelona le envió una carta el 11 de mayo en la que, entre otras cosas, le dice que hay una empresa que ofrece los respiradores por menor precio. Longaric manifestó que ese informe nunca le llegó y que se enteró de él a través de las redes sociales. Convocó al cónsul Pareja a dar explicaciones sobre su participación en el proceso.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es el organismo financiador de la compra de los respiradores. En un comunicado respaldó la adquisición señalando que los procesos son examinados y que la compra no fue objetada. Luego abrió una investigación por este caso y responsabilizó al Gobierno boliviano por la compra.

Ana Espinoza. Es una de las dos consultoras aprehendidas de la Aisem, que fueron contratadas por el BID. Días antes de la firma del contrato, Espinoza envió un informe técnico a  Geovanni Pacheco, en el que advierte que los respiradores son "muy básicos, de poca durabilidad y nuevos en el mercado", por lo cual desaconsejaba la compra.

Gabriela Pérez. Es la otra consultora de la Aisem contratada por el BID que fue aprehendida aunque no se conoce públicamente el rol que tuvo en este caso. Las personas aprehendidas están investigadas por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y malversación.