La investigación destaca que la entrega de los recursos económicos tuvo un impacto positivo en la población. Se identifica a los niños y niñas como parte de la población vulnerable ante la pandemia

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24 de mayo de 2020, 17:23 PM
24 de mayo de 2020, 17:23 PM

Un estudio realizado por la Fundación Aru, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sugiere nuevas entregas de bonos para mitigar, aún más, la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19.

“La magnitud de los efectos y la extensión y/o ciclicidad de la crisis sanitaria exige pensar en nuevas entregas de los bonos. Únicamente el pago combinado de los tres beneficios (Bono Familia, Canasta Familiar y Bono Universal) logra que las pérdidas netas se aminoren sustancialmente”, señala la investigación entre sus recomendaciones.

Destaca que la entrega directa de recursos a la población logró beneficios netos positivos o neutralizó la pérdida de los ingresos para el 10 por ciento de los hogares con niños, niñas y adolescentes, en especial los más pobres y vulnerables.

El estudio denominado “Protección de la Niñez y Adolescencia frente a crisis Covid-19: Elementos para la discusión”, que fue elaborado con base a información de la encuesta de hogares de 2018 levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), buscó identificar el impacto que tiene la emergencia sanitaria y sus restricciones en la movilidad de las personas sobre los hogares con menores de edad, así como las ayudas económicas que el Gobierno dispuso para mitigar los impactos.

También plantea la necesidad de fortalecer las políticas de protección social de mediano y largo plazo, que involucren una ampliación de su cobertura, para que ningún grupo quede atrás y en condiciones de alta vulnerabilidad.

Además, recomienda la revisión y eventual reformulación del Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, la entrega del Subsidio de Alimentos e inclusive la adecuación del Sistema Único de Salud, “que no solo podrían contribuir a enfrentar la crisis, sino que permitirían proyectar un sistema de protección social con una mayor capacidad para proteger los derechos básicos de la niñez”, concluye.