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Los 170 respiradores que fueron importados desde España hace dos semanas, desataron un escándalo político por el presunto sobreprecio con el que fueron adquiridos. Por este caso, Marcelo Navajas fue destituido del cargo de Ministro de Salud y hay cuatro personas detenidas. Mientras continúan las investigaciones, los equipos no pueden ser usados porque faltan accesorios y un software de actualización.

Aquí te contamos las 'claves' para entender este caso:

1. ¿Cómo empezó?

El 14 de mayo, llegaron 170 respiradores de la marca Respira al país y fueron entregados en varios hospitales. Sin embargo, los médicos advirtieron que se trataba de equipos no aptos para terapia intensiva, algo que el Gobierno no informó inicialmente.

Los aparatos sirven solo por un par de horas hasta que el paciente sea conectado a un respirador convencional. A partir de ahí surgieron cuestionamientos sobre el precio.

2. El presunto sobreprecio

La marca que la fabrica es española: GPA Innova. Según esta empresa, el precio de cada dispositivo en el modelo básico -que es el que adquirió Bolivia- cuesta alrededor de 8.000 dólares. El Estado boliviano destinó 28.000 dólares por unidad. En total se destinaron 4,7 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando en realidad costaban 1,4 millones de dólares.

Cuando se destapó el escándalo de los precios, GPA Innova se ofreció mandar sin costo extra un software para actualizar los equipos básicos para que tengan más prestaciones.

3. Los intermediarios

Bolivia no pagó directamente a la empresa GPA Innova, sino a una firma de origen vasco que actuó como intermediaria en la adquisición: IME Consulting. Esta firma fue contactada por dos personas, Fernando Humérez y Wálter Zuleta, quienes fueron el vínculo con el Ministerio de Salud.

4. El informe técnico y la otra oferta

Antes de la firma del contrato, un informe técnico del Ministerio de Salud alertaba que los equipos no cumplían con las especificaciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud.  “Se evidencia que es una unidad muy básica, de poca durabilidad, nueva en el mercado y no cuenta con todas las certificaciones de calidad. Además que no es conocida por los profesionales médicos, que tal vez rechacen el uso del equipo", decía el texto.

Paralelamente, otra empresa hizo una propuesta por menor precio para traer al país los mismos equipos. La firma Cosín los ofrecía a 12.500 dólares por unidad. 

5. Los involucrados en el caso

Cuatro personas han sido remitidas a la cárcel de San Pedro preventivamente, entre ellas el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, que en las últimas horas fue trasladado a un centro médico por problemas de salud. También están detenidos Geovanni Pacheco, director de la agencia del Ministerio de Salud que hizo la adjudicación; Fernando Valenzuela, funcionario que gestionó la compra y Fernando Humérez, el intermediario en Bolivia, quien se presentó como "testigo clave".

También hay otros involucrados, algunos de los cuales obtuvieron detención domiciliaria mientras se esclarece el caso y otros que recién serán convocados a declarar.

6. Los equipos están sin uso

El Estado boliviano pagó la mitad de lo que establecía el contrato y lo demás debía cancelarlo una vez recibidos los dispositivos. Cuando estalló el caso, del cual la presidenta interina Jeanine Áñez dijo haber iniciado la investigación tras las denuncias en redes sociales y medios de comunicación, el Gobierno ordenó que se congele la segunda mitad del desembolso.

Ante este hecho, la empresa intermediaria dijo que aún quedaba pendiente el envío de accesorios y el software para que los equipos sean puestos en funcionamiento y que no los enviaría hasta que no se complete el pago. Por tanto, hasta ahora los respiradores de emergencia no pueden ser usados.