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El exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, tuvo una comunicación telefónica de 16 minutos con la expresidenta de Diputados y exministra de esa cartera de Estado, Gabriela Montaño (MAS) el martes 19 de mayo, poco tiempo antes de ser detenido por el caso de la presunta compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles, revelaron a EL DEBER fuentes de la investigación.

En el celular de Valenzuela, quien fue enviado el domingo en la madrugada a la cárcel de San Pedro junto al exministro Marcelo Navajas, ubicaron dos números de la exministra, uno al que él identificó como Gabriela, y el otro como Lily, que es el segundo nombre de la exautoridad que ahora está asilada en Buenos Aires, Argentina.

La fuente señaló que, durante el periodo en el que Aníbal Cruz y Marcelo Navajas eran ministros, el funcionario tuvo varias comunicaciones con Gabriela Montaño. Esta semana se supo que ambos intercambiaron también chats de Whatsapp.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló en los últimos días: “Tenemos la información de que Gabriela Montaño tiene mucho que ver (con el caso respiradores) porque tuvo contactos continuos con Valenzuela”

Murillo advirtió que tiene “serias sospechas de que ella estuvo coordinando todo este tiempo con Valenzuela. Sabemos que este señor fue uno de los principales operadores del MAS, que nunca dejó de estar en contacto con ella y la información que tenemos nos indica de que la comunicación era fluida”. 

El ministro complementó que el siguiente paso es establecer cuáles son los nexos: “¿Qué tiene que ver Montaño con los respiradores?, ¿Era parte del sobreprecio o era parte de la conspiración?, ¿era parte de la corrupción o era parte de la conspiración?, ¿o tal vez era parte de los dos?”.

Este miércoles, el diputado oficialista Gonzalo Barrientos exigió que Gabriela Montaño sea convocada por la Fiscalía, para aclarar esta relación, y para explicar qué hablaba con el funcionario. El presidente de Diputados, Sergio Choque, manifestó que el Gobierno está utilizando a Montaño para distraer en la investigación del caso, “que claramente apunta al Gobierno transitorio”.

En el mismo sentido, Montaño respondió el martes a través de su cuenta de Twitter: “En serio, justo cuando Jeanine Áñez necesita tapar ante el país el hecho más perverso de corrupción, Arturo Murillo hace un anuncio que pretende involucrarme a mí que estoy con refugio político hace seis meses fuera de Bolivia. Esto es una burla, esto no lo puede tolerar nadie”.

Contexto
Valenzuela fue precisamente identificado por Luis Fernando Humérez (testigo clave), también detenido, como quien vinculó al Ministerio de Salud con él y otros dos intermediarios (Wálter Zuleta, defensor de Gabriela Zapata y radicado en Lima, Perú, quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, firma que al final vendió los respiradores al Ministerio de Salud.

Según el testigo clave, él, Zuleta e Iñaqui, cada uno iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones. Humérez, en su declaración ante la Fiscalía, dijo que Valenzuela le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.

Cuando le preguntaron al ministro Navajas, en su declaración informativa qué instancia del ministerio elaboró las especificaciones técnicas para la adquisición de los 170 respiradores, respondió que “le fueron proporcionadas por el doctor Valenzuela”, quien le señaló que “estas unidades ya habrían sido valoradas por alguna unidad del Ministerio de Salud y es por esto que les digo que si ya tienen las especificaciones de un ventilador pulmonar de emergencia inicien la compra por los canales correspondientes con carácter de urgencia”.

Cuando los investigadores insistieron sobre el papel de Valenzuela, la exautoridad dijo: “Yo le encargué a él de manera verbal que se ocupe del seguimiento y del proceso de contratación y no estoy seguro de haberle dado instrucción escrita”.

Ante la evidente relación de confianza, los investigadores consultaron por tercera vez cómo conoció a su director jurídico. “Lo conozco desde el 8 de abril, día que asumo el ministerio. Él era encargado del área jurídica, tenía conocimientos de todo el manejo jurídico del ministerio”, repitió Navajas.

Refirió que unas semanas después supo que esta persona “había tenido relación con el partido del MAS, lo que a mí no me importaba porque yo no he ido al Ministerio para buscar o traer a trabajar a nadie, yo lo que hice es ver su profesionalismo y capacidad, que eran adecuadas”.

La semana pasada, cuando EL DEBER le preguntó al exministro Aníbal Cruz sobre este tema, dijo que no fue al ministerio como “cazador de pitufos (en alusión al color del MAS), sino a hacer gestión”.

Evaluó que tras 14 años de gestión del MAS, era imposible saber quién realmente era o no masista. “En el curso de la gestión fui detectando gente que efectivamente perjudicaba la gestión y la retiraba”, señaló.

Cuando se le preguntó específicamente sobre el abogado Fernando Valenzuela, respondió que “él era de la Unidad Jurídica. Puedo decir que en su función es una persona experta, en el tema de resoluciones ministeriales, de todas esas cosas, y yo no podía prescindir de él porque no tenía a otra persona con esas características”.

Posteriormente, Murillo reveló que en tres ocasiones pidió a Cruz que despida a Valenzuela, y que también lo hizo la presidenta, y el exministro les dijo que no lo había hecho “por pena”, y luego indicó que ya lo había retirado, pero en realidad permaneció ahí. Sobre Navajas, el ministro advirtió que pagó las consecuencias de “no limpiar” su ministerio.