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La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, envió la mañana de este jueves un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que permita la ocupación inmediata del hospital de tercer nivel de Montero.

"Como presidenta envié un proyecto de ley de emergencia que nos permita tomar y ocupar de inmediato el hospital de tercer nivel de Montero. Con su inmediata aprobación salvaremos vidas", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

La presidente presentó este proyecto de ley un día después de que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentara una acción popular solicitando que se ordene la habilitación de dicho hospital.

A través de esta norma, el Gobierno nacional busca destrabar los aspectos legales del contrato, que es llave en mano, es decir, que no se puede hacer uso parcial de la obra mientras esta no esté concluida en su totalidad y entregada.

"Es un tema legal con el contrato. La fecha de entrega es noviembre, por lo que estamos haciendo las gestiones para que se nos autorice una entrega parcial por el coronavirus", respondió brevemente la ministra de Salud, Eidy Roca, a la consulta que hizo EL DEBER.

Ante el avance del coronavirus, que amenaza con poner en riesgo la capacidad de atención del sistema hospitalario, las autoridades regionales y locales tienen fijada su esperanza en la habilitación del hospital de Montero, que cuenta con 200 camas y 12 unidades de terapia intensiva, además de un tomógrafo y otros equipos modernos.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, indicó que tiene listo al personal que será contratado y espera que se resuelvan lo antes posible los problemas legales que traban su apertura. Repara en que el contrato no contempla una entrega parcial o provisional de la obra, por lo que si esto no es subsanado, quienes la recepcionen pueden tener problemas legales futuros.

El alcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, espera que la norma acelere los pasos administrativos que deben cumplirse en toda obra, entre ellos conformar un comité de recepción de obra, el cual "debe verificar que la empresa haya cumplido con las especificaciones del contrato" y, si hay observaciones, debe velar porque estas sean subsanadas durante el plazo de garantía que tiene toda obra.

Al momento de presentar la acción popular ante la justicia, el gobernador Costas indicó que el recurso no es en contra de una persona en particular, sino que la realiza para viabilizar los trámites que permitan la atención de pacientes con Covid-19 en el norte integrado de Santa Cruz. “Es una acción en favor del ciudadano y de la vida”, remarcó la autoridad.

Sobre este tema también se manifestaron la ministra de Comunicación, Isabel Fernánez y el secretario de la Gobernación Roly Aguilera. La primera tuiteó: "Urge la aprobación por la salud de los habitantes de Montero". 

En cuanto a Aguilera, este manifestó: “La vida vale más que la burocracia y el papeleo”, refiriéndose a las trabas burocráticas que impiden la apertura del hospital de tercer nivel de Montero. Aguilera explicó que se entiende que, si bien existen procedimientos legales que seguir, lo importante en estos momentos es la apertura del hospital debido a la emergencia sanitaria. “Hay formas de solucionar la burocracia; no podemos esperar que este virus nos sobrepase”, añadió.

La mirada de un jurista

Al respecto, el abogado Jodael Bravo explica que una acción popular tiene que ser presentada necesariamente "contra alguien” que esté vulnerando derechos constitucionales, en este caso el acceso a la salud pública. En ese sentido, cree que el recurso, más que nada, solo busca ejercer presión para hacer que el Estado accione medidas para destrabar lo que sea que esté impidiendo la habilitación de la obra.