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El final del confinamiento no es lo mismo que el final de la falta de ingresos a las empresas y a las familias. Pensar que porque las industrias vuelven a producir se volverá a la situación anterior a la pandemia es un error. Las medidas gubernamentales de apoyo al sector privado y a los trabajadores deben tomar en cuenta esta situación pues de lo contrario los salvatajes no servirán para evitar el ahogo en una crisis económica que se avizora severa

El Poder Ejecutivo emitió ocho decretos que buscan regular al país en la nueva normalidad. Uno de ellos tiene que ver con la postergación del pago de créditos. Ya se sabe que se ha diferido el pago de empréstitos bancarios por tres meses adicionales (junio, julio y agosto) para las personas cuyas deudas sean igual o menor de un millón de bolivianos. La norma también excluye a los asalariados. Es preciso comprender la realidad actual, la crisis económica causada por la paralización del sistema productivo y comercial en el país afecta a todas las empresas y el efecto es similar al tamaño de estas. Por ejemplo, las pequeñas y medianas están preocupadas porque para que su negocio funcione es preciso reactivar el consumo, algo que probablemente no sucederá de inmediato por el impacto que aún tiene el coronavirus. En muchos casos, estas Pymes son proveedoras de otras grandes empresas que están también golpeadas, pero las de mayor capital no podrán beneficiarse de la prórroga, ya que sus créditos probablemente sean mayores a un millón de bolivianos.

Es importante comprender que se debe mantener la solidez del sistema financiero, pero a la vez es fundamental que la banca (cuya utilidad en 2019 fue la segunda más alta de los últimos tiempos, según informe de la ASFI) sea flexible en la medida de sus posibilidades, permitiendo negociaciones realistas para las empresas con deudas y también para los ciudadanos de a pie, pues, aunque sean asalariados también han sufrido recortes importantes en sus ingresos.

Por otro lado, hay un decreto que permite una prórroga para el pago del Impuesto a las Utilidades, la misma no incluye a los grandes contribuyentes y a la categoría llamada ‘principales’, que -según la Cámara Nacional de Comercio son los que más tributan al erario nacional, por lo que están pidiendo ser tratados con equidad.

Este es un momento en el que solo el esfuerzo mancomunado permitirá superar la crisis económica que apenas está comenzando. Así como es importante que el Gobierno apruebe incentivos realistas, es urgente que el sector privado (en todos los ámbitos) aporte con soluciones creativas para atravesar el pantano.