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Hubo un momento en que la negociación para la adquisición de 170 ventiladores pulmonares para atender a pacientes con coronavirus estuvo a punto de caer. No por mejores ofertas que llegaban al Gobierno, sino por las advertencias que recibieron los funcionarios del Ministerio de Salud de que algo estaba errado en el proceso de adquisición. En la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) había el pronóstico de que algo malo iba a pasar.

Un poco antes de llegar a las 2:00 de la madrugada del sábado 9 de mayo, cuatro personas se encerraron en una oficina de la entidad pública con sede en el residencial barrio paceño de Sopocachi. No hubo gritos, pero sí se levantaron la voz varias veces. Es que ya existían varias observaciones a la compra de los respiradores. Dos de los asistentes llegaron hasta el final de la reunión y lograron el objetivo que tenían: firmar el contrato con la empresa española IME Consulting Services Global SL, la intermediaria que ofreció los ventiladores pulmonares con sobreprecio.

Uno de ellos era el director de la Aisem, Giovanni Pacheco Fiorilo, quien ya sentía la noche del 8 de mayo que la situación se estaba desbordando. A las 22:19 de ese día tenía en su bandeja de entrada de su correo electrónico el último mensaje que debía poner el punto de quiebre a la negociación con la española IME Consulting.

Lo envió Ana Fernanda Espinoza Morejón, funcionaria de Aisen y nexo entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Advertía que los 170 respiradores que había ofrecido la empresa intermediaria IME Consulting Global Services “no cumplen con lo solicitado, tienen poca durabilidad y no cuentan con todas las certificaciones de calidad”. Los otros 100 equipos estaban siendo gestionados con otras compañías.

“Al mediodía (del 8 de mayo) se presentó en oficinas de la Aisem el exministro (de Salud) Marcelo Navajas. Fue a supervisar cómo estaba la negociación y sabíamos que el exministro ya había tenido contacto con los españoles. Ese fue el primer punto de preocupación. Luego, por la tarde, llegó el señor Fernando Valenzuela, que estuvo en la gestión de Gabriela Montaño (MAS) y se presentó como asesor del exministro (Navajas). A él y al director (Giovanni Pacheco) se les explicó y demostró todas las observaciones y fueron alertados de los riesgos. Siguieron con la negociación y obviaron todas las advertencias”, relata un funcionario de la Aisem que fue parte de las gestiones iniciales. Valenzuela es la segunda persona que estuvo hasta el final de la negociación.


Ese 8 de mayo fue el día clave para sellar el trato con IME Consulting, a pesar de los obstáculos que iban llegando.

Moisés Callejas Apaza, consultor en equipamiento médico de la Aisem, también cuestionó la calidad de los equipos. El funcionario detalló que los 170 ventiladores no cumplían con los requisitos estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero lo más importante fue la advertencia de que estos equipos no servían para pacientes de Covid-19 en terapia intensiva.

“Estos equipos no cumplían con lo solicitado, puesto que son unidades muy básicas, de poca durabilidad y nuevas en el mercado. No cuentan con todas las certificaciones de calidad”. Con esa frase Callejas Apaza advirtió a Espinoza Morejón sobre las acciones que se venían desarrollando. La consultora replicó la observación a Pacheco, pero no tuvo eco.

Viernes frío en La Paz

La noche del 8 de mayo se hacía fría en La Paz y en el piso de la Aisem las luces todavía estaban encendidas, a pesar de la cuarentena total decretada por el mismo Gobierno como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Pacheco había instruido al equipo del programa BID4612 que se quede en instalaciones de la agencia hasta concluir el procedimiento de financiamiento para la adquisición de los 170 ventiladores. Cuatro consultores estaban a cargo de esa tarea y, para sus descargos, enviaros correos electrónicos con todas las observaciones al director Pacheco.

La medianoche se esfumó y a la 1:00 de la madrugada del 9 de mayo se envía el último mensaje. Esta vez era para la representación del BID en Bolivia. Se solicitaba la no objeción al contrato con IME Consulting. El mensaje estaba dirigido a Luis Buscarons Cuesta, especialista en Protección Social y en Salud del BID en la oficina de La Paz. Con ese correo se pensaba que todo estaba cerrado. Pacheco instruye el retiro del equipo BID4612 y se queda con Valenzuela y otros dos asesores jurídicos en oficinas de la Aisem. Es en esa reunión donde los ánimos se calentaron porque se había incluido una nueva objeción al procedimiento. Esta vez era en contra de la empresa española IME Consulting, ya que esta firma no estaba legalmente establecida en Bolivia y sellar el acuerdo podía acarrear problemas legales.

Uno de los que observó ese punto fue el abogado Dámaso Villanueva, que se retiró molesto, a las 3:00, de la oficina de Pacheco. Fue directo a su escritorio y redactó su carta de renuncia al cargo.

“Él (Villanueva) sabía lo que iba a pasar. Salió furioso y no le importó quedar sin trabajo. Dijo que no podía avalar algo ilegal. A las 9:00 de ese día se aceptó su dimisión. De inmediato, el director (Pacheco) instruyó a dos abogadas que se hicieran cargo del seguimiento al contrato. Para ese entonces todo estaba feo, sin sonrisas y el ambiente laboral, de los pocos que íbamos, estaba totalmente apagado”, explica la fuente que estuvo esos días en Aisem.

Pacheco había dormido poco. Ese sábado (9 de mayo) llegó a su oficina después de las 8:00. Su abogado, Cristian Alanes, se remonta a la declaración informativa que brindó su cliente en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. El jurista explica que Pacheco solo “obedeció órdenes” del entonces ministro Navajas, que en dos ocasiones instruyó la adquisición de esos equipos.

“El ministro de Salud, mediante nota, ordenó la adquisición de estos respiradores. Ya se tenía identificada a la empresa, las bondades de los equipos e, incluso, la parte financiera. Lo único que ha hecho (Pacheco) es hacer la tramitación en virtud de la orden que fue emanada del Ministerio de Salud”, detalla el abogado.



Alanes también muestra asombro por la presencia de Navajas en instalaciones de la Aisem, el 8 de mayo. Ese día se cerró el contrato y el entonces ministro estuvo en la agencia para supervisar la negociación. “Eso llama la atención. ¿Cómo un ministro se puede acercar personalmente a supervisar el contrato?”, cuestionó el jurista, que presentó un recurso de apelación a favor de su cliente.

Ese mismo 8 de mayo, Navajas envía una nota a Pacheco en la que especifica el tipo de respiradores con el detalle de que son “170 ventiladores pulmonares de marca Respira Devise, de la proveedora IME Consultig Global Service”. En el mismo documento “se instruye, con carácter de urgencia, la compra de ventiladores pulmonares”. Por la tarde, el aparato jurídico y de contrataciones de la Aisem corrió para lograr esa instrucción de la autoridad.

El Gobierno pagó $us 28.080 por cada respirador básico con accesorios, cuando el costo por unidad comprada en la fábrica es de $us 7.194, dato que no se encuentra en la imputación, aunque refiere que el hecho que se investiga es la compra con sobreprecio. Fue la empresa fabricante, GPA Innova, la que detalló que el precio unitario del equipo no pasa de los $us 7.200.

Los implicados y la sentencia

Por esta investigación, el primero en ser detenido fue el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela. Luego, la Policía también arrestó al director de la Aisem, Giovanni Pacheco y, por último, se aprehendió a las consultoras de esa institución a cargo del financiamiento proveniente del BID, la auditora Gabriela Pérez y la ingeniera bioquímica Ana Espinoza. El 20 de mayo fue aprehendido el entonces ministro Marcelo Navajas. Un día después aparece un “testigo clave” llamado Fernando Humérez, quien luego de prestar sus declaraciones también quedó en calidad de detenido.

Todos, con excepción de las dos consultoras, guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. El exministro tiene una sentencia de tres meses con detención preventiva y los exfuncionarios, seis meses. Tanto Pérez como Espinoza, las dos consultoras, lograron detención domiciliaria sin permiso laboral.

A partir del 9 de mayo todo se hizo en tiempo récord. Ese domingo, 10 de mayo, se trabajó en Aisem y por no ser un día hábil se tuvo que trasladar para el lunes la firma del contrato. El BID había expresado dos observaciones el 9 de mayo, pero fueron resueltas, y la noche del viernes se presentó el mensaje de no objeción para dar luz verde al financiamiento. Ese punto llamó la atención del equipo. “Pensábamos que el BID iba a objetar el contrato, pero al final mandó la no objeción”, dijo la fuente.

El 11 de mayo Navajas envió otro mensaje que ahora lo pone en conflicto. La exautoridad instruyó a Pacheco la contratación de un vuelo chárter de Boliviana de Aviación (BoA) en la ruta Cochabamba-Barcelona, Barcelona-Santa Cruz, entre los días 11 y 13 de mayo. En su declaración reveló que se pagó a la línea aérea $us 230.000. Esa conexión también daba mensajes negativos. Demoró un día porque en su aterrizaje en Barcelona, España, el avión presentó problemas técnicos.

Era un día más y al Gobierno le faltaba aire por los problemas que tenía en el control del coronavirus. Los respiradores llegaron a Santa Cruz el 14 de mayo y en vez de oxigenar al Ejecutivo, los equipos, al contrario, asfixiaron la gestión en salud del aparato gubernamental.