Escucha esta nota aquí


Los penales de Palmasola, en Santa Cruz, y de Mocoví (en Trinidad) son una bomba de tiempo. En el primero ya murieron internos por coronavirus y en el segundo se confirmaron los dos primeros casos. Pese a esa realidad, el proceso de descongestionamiento carcelario avanza muy lentamente y está en riesgo la vida de miles de reclusos que viven hacinados y que pueden enfermar y hasta morir.

El domingo circuló un video de la responsable nacional de Defensa Pública en el que señala que 26 internos recuperaron la libertad, en el marco de la Ley de Indulto y Amnistía. Esa oficina que debe asistir a las personas que no tienen un abogado defensor recibió 150 solicitudes a escala nacional. Entretanto, el Covid-19 está ya instalado en dos penales cuya característica es el hacinamiento que imposibilita guardar distancia física.

En Palmasola hay alrededor de 6.000 privados de libertad y en Mocoví son 600. En el penal cruceño se confirmó que hay unos 36 internos con coronavirus y más de 100 aislados en una vivienda llamada ‘casa blanca’ y en el sector de la guardería. Cuatro fallecieron con el mal. En Mocoví se supo de dos personas contagiadas y 13 que están aisladas en este momento.

De acuerdo a las proyecciones iniciales, se prevé que unos 280 internos del penal cruceño se beneficien con esta norma, pero el avance es aún muy lento. Las audiencias se realizan de manera virtual y ya ha transcurrido una semana de estas.

La ley, que fue aprobada con demora por la Asamblea Legislativa, plantea que pueden beneficiarse los internos que tengan más de 58 años, los que tengan enfermedades de base y las internas que tengan hijos menores de seis años dentro del recinto penitenciario.

Es imperativo que los administradores de justicia, los miembros de Defensa Pública, de Régimen Penitenciario y del Ministerio Público trabajen con eficiencia y un gran compromiso, dadas las condiciones extraordinarias de este momento. No se puede permitir que, por la burocracia, se ponga en peligro la vida de las personas que están en los penales del país. En este momento, están más en riesgo los que habitan las cárceles de las ciudades que son epicentro del Covid-19: Santa Cruz de la Sierra y Trinidad. 

En tal sentido, que no se pretenda celebrar que ya se beneficiaron con amnistía o indulto unas 26 personas, deberían ser más si se asume esa realidad pensando que, aunque estén recluidos, son seres humanos que tienen derecho a la vida como todos los otros habitantes del país. Asimismo, es de esperar que se estén resolviendo con celeridad los papeleos que demanda el indulto o la amnistía, ya que en muchos casos estos trámites son costosos para quienes están en los recintos carcelarios, haciendo que la ansiada libertad sea una verdadera utopía.
Ojalá que esta semana se tenga mejores noticias desde los tribunales.