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Las actividades escolares comenzaron la primera semana de febrero; a mediados de marzo llegó la pandemia a Bolivia y el Gobierno dispuso el cierre de las escuelas hasta nuevo aviso. Transcurrieron algunas semanas y en muchos colegios comenzaron los esfuerzos por impartir clases virtuales; también se sabe que no son pocos los establecimientos que no hicieron nada hasta que les tocó cobrar la mensualidad. En todo caso, han trascurrido más de dos meses y no hay una reglamentación para la educación de los estudiantes de primaria y de secundaria.

El ministro de Educación ha vertido varias llamadas de atención a los docentes. Una de ellas decía que dar tareas por WhatsApp no es igual a dar clases virtuales. Sin duda la pandemia tomó desprevenidos a todos, los alumnos y los docentes; gran parte de ellos carentes de conocimientos sobre las herramientas virtuales que les ayuden a llegan a los niños y jóvenes con los contenidos que permitan su aprendizaje.

La cuarentena puso en evidencia la pobreza del sistema educativo nacional en cuanto al conocimiento de los recursos básicos de la tecnología, como en técnicas de enseñanza-aprendizaje que podrían hacer menos dramático este momento. Sin duda, atiborrar de tareas no es la fórmula adecuada para motivar a los estudiantes. 

La crisis también sacó a la luz la gran brecha tecnológica existente en cuanto al acceso a los servicios de internet y a equipos: computadoras, teléfonos inteligentes, etc. que permitan impartir clases de manera equitativa para todos. Los estudiantes de las urbes tienen mayor ventaja que los de las zonas rurales; los de ingresos socioeconómicos más altos tendrán mejores opciones que los de las áreas deprimidas de la sociedad.

También saltan las carencias por omisión de los gobiernos nacionales y locales. El internet en Bolivia es más caro que en muchos países del continente; salvo excepciones, ningún gobierno se ha ocupado de garantizar áreas en las que se pueda acceder gratuitamente al servicio, como ocurre en ciudades inteligentes, cuyas autoridades saben que el acceso a la red es fundamental para sus habitantes. Lo que se hizo en el Gobierno del MAS fue un engaño, gastar $us 300 millones en un satélite con la promesa de democratizar el internet, para que el resultado sea la nada.

En Bolivia hay cerca de tres millones de estudiantes en edad escolar. De ellos, más de 850.000 están en Santa Cruz. Los docentes son más de 164.000. De acuerdo a un estudio presentado por los maestros rurales de Santa Cruz, en las áreas que están fuera de las principales capitales, 48 de cada 100 personas tienen problemas de acceso a telefonía e internet; el 25,9% tiene conexión poco estable y un 25% no tiene el servicio. La radio y la televisión llegan al 81% de la población en áreas rurales.

El escenario es altamente complejo. No se puede resolver la inequidad de la noche a la mañana, es cierto, pero tampoco se debe tener a las familias (padres e hijos) y a los docentes en ascuas. El ministro de Educación dejó en la congeladora cualquier avance oficial de la currícula escolar hasta que se emita una resolución que reglamente las clases virtuales. Pero resulta que esa norma no se emite hasta el momento y vamos de postergación en postergación, mientras pasan los días, las semanas y los meses. Ya estamos en junio y nadie sabe qué pasará con el sistema educativo en 2020.

Los profesores urbanos y rurales de Santa Cruz dicen que presentaron propuestas, pero ni siquiera fueron escuchados. Ahora, al mejor estilo sindical, piden la renuncia del ministro. Quizás esa no sea la ruta, pero sin duda hay que exigir que los responsables nacionales de la educación definan la suerte de los casi tres millones de estudiantes. ¿O es que tampoco tienen respuestas?

Entretanto, ahí va el avance. Mejor en los colegios que tienen maestros comprometidos, pero sin equidad y esa es una pena, una gran pérdida en un tiempo en que el conocimiento es arma poderosa para salir adelante en los países.