IME revela que 'testigo clave' pidió un aporte y que Valenzuela solicitó la cotización de los 170 respiradores

IME Consulting, la distribuidora de los 170 respiradores enviados a Bolivia, negó rotundamente que haya habido sobreprecio y que existan funcionarios de la empresa o del Gobierno boliviano que hubieran pedido algún tipo de comisión por la compra-venta de dichos equipos. Sin embargo, reveló que Luis Fernando Humérez, “el testigo clave”, solicitó “un aporte” que, según la empresa, le fue negado rotundamente.

Además, confirma que la solicitud de cotización fue realizada por el entonces director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y que cinco días después, los equipos volaban hacia Bolivia en un avión de BoA.

Esta declaración complica la situación de Humérez, el exdirigente deportivo que se presentó como “testigo clave” del caso y terminó implicado y con detención preventiva en un penal paceño.

El desdoblamiento de llamadas de su celular destapó que entre enero y mayo de este año, Humérez tuvo 141 contactos, 119 salientes y 22 entrantes, con cuatro personajes claves del MAS: el expresidente Evo Morales; el exministro Carlos Romero; el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y el expresidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, así como con otros dirigentes del MAS en Cochabamba y con el exministro de Gobierno de la gestión de Carlos Mesa, revelaron a EL DEBER fuentes de la investigación.

Valenzuela quedó como director jurídico del Ministerio de Salud desde la gestión de Gabriela Montaño, y mientras trabajó, primero para Aníbal Cruz y luego para Marcelo Navajas, mantuvo contacto con la exministra del MAS vía WhatsApp. Además, el día en que lo detuvieron, tuvo un contacto telefónico por 16 minutos con Gabriela Montaño, refugiada en Buenos Aires, Argentina.

Valenzuela fue identificado por  Humérez (“testigo clave”), en su declaración informativa ante la justicia, como la persona que vinculó al Ministerio de Salud con él y otros dos intermediarios. Esos intermediarios, según su versión, fueron el abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud. IME, en su versión saca del juego a Zuleta  y también a Iñaqui. 

La empresa española asegura que el precio de fábrica de los equipos, “con todo y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento, fue de 14.790 euros y no los 6.500 euros que se informaron”. 

Complementa que “a ese costo deben añadirse gastos, debidamente documentados, de despacho y aduana, impuestos en España, gastos legales y otros, que afectan a cada respirador en su valor a 3.403,82 euros, lo que representa un valor aproximado por respirador de 18.500,00 dólares americanos, sin contar con los gastos de transporte y el margen de la empresa, que fue de alrededor de 5.500 dólares”, añadió.

La versión oficial de IME Consulting se conoció a través de un comunicado, difundido en Bolivia por la empresa de comunicación Rodríguez & Bouduain. La nota menciona que en un documento interno, que será la base de la declaración jurada que presentarán representantes de IME ante instancias judiciales españolas, la empresa reveló que el precio final de cada uno de los respiradores “fue de $us 26 mil más un 8% incluido por el Gobierno boliviano, pues debían retener esa cantidad como garantía de cumplimiento del contrato”.

En el mismo documento, la empresa aseguró que “ningún funcionario del Gobierno pidió absolutamente nada por la compra y ningún empresario ni representante de la distribuidora o la fábrica ofreció comisión alguna”, aunque ratifica que un señor de apellido Humérez pidió “un aporte, pero que le fue rechazado con firmeza”.

La compañía informó que ha estado proponiendo soluciones al Gobierno boliviano desde el 20 de mayo, entre ellas la de renunciar a sus márgenes de utilidad para que los equipos comiencen a funcionar, “pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta”.

IME ratificó su legal funcionamiento y explicó que, “si bien es una empresa pequeña, ello no ha sido obstáculo para realizar una serie de exportaciones en diferentes rubros”.

Asimismo, dijo que sí tiene oficinas propias en España, pero no en Barcelona, lo que obligó a que se utilizaran las del Consulado de Bolivia, porque el “Gobierno boliviano prefería sostener las reuniones y negociaciones en la sede de la fábrica GPA Innova”.

La empresa informó que el 7 de mayo de 2020 recibió la solicitud de cotización de las unidades a través de una nota “dirigida por el entonces director de Adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela” (El cargo de Valenzuela era de director jurídico y no de Adquisiciones).

El 12 de mayo, cinco días después de haber recibido la solicitud de cotización, los equipos fueron entregados en almacén y, “poco después el avión de BoA, enviado por el Gobierno despegó hacia Bolivia, quedando pendiente el envío de algunos accesorios y la actualización del software, que debía certificarse previamente”.

“IME adjunta la lista de todas las unidades que funcionan en España con éxito, envía las especificaciones y aclara que el CE aún está en tramite, por lo que para exportación el equipo debía asignarse como ventilador. Antes de decidirse la compra, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM) tomó contacto con IME e intercambiaron información sobre temas técnicos, mantenimiento, garantías, transportes, etc.”.

También señala que la empresa hizo un adelanto de 250.000 euros de su propio dinero a la fábrica para asegurar los equipos para Bolivia, “acto realizado con total buena fe y con la plena confianza de que se estaba con un Estado serio con el que no se había firmado ni el contrato”.

La distribuidora sostuvo que las “comprensibles” presiones del Gobierno boliviano para que los equipos fueran enviados en un plazo “impensable”, determinaron que, “bajo un principio de buena fe”, no se elaboraran los anexos que contemplaban entre otros, el cambio del equipo básico al Advanced, decidido a último minuto.

“Ello ocasionó que, en acontecimientos posteriores, se genere información parcial y descontextualizada sobre el precio de los equipos, desatando sospechas sobre la transparencia de la compra”, agregó.