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La Gobernación de Santa Cruz se suma a la postura de otras entidades territoriales autónomas (ETAs) respecto a la necesidad de restituir los recursos confiscados por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Fue el secretario de Gobierno del ente departamental, Vladimir Peña, quien en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, expuso que, al notificarse sobre la existencia y disponibilidad de recursos, es un "crimen atroz" no otorgarlos a quienes corresponde para atender la emergencia sanitaria.

El Banco Central de Bolivia (BCB) evidenció el 20 de mayo que existe el 12%de recursos confiscados a las ETAs ($us 516 millones), los cuales son reclamados para atender y mitigar la expansión del coronavirus. Pero la Cámara de Diputados no aprobó el proyecto de ley hasta el 3 de junio. 

Vale recordar que, en 2016, el Gobierno de Evo Morales aprobó una ley con el objetivo de invertir recursos en la exploración y explotación de hidrocarburos, por lo que se creó un fondo donde establecía que todos los beneficiarios de IDH estaban obligados a aportar con el 12% de la renta petrolera.

"Han pasado más de cuatro años y nos llevamos sorpresas tremendas. La primer mentira era que los diputados del MAS decían que no se podía aprobar la restitución de recursos, cuando hay una carta del BCB dirigida al presidente de la Asamblea, que refiere que el fondo cuenta con $us 516 millones", apuntó Peña.

La autoridad argumentó que, desde la creación del fondo, no se ha desembolsado un sólo dólar para la finalidad por la que fue creado, por lo que tildó la ley de "fracaso", puesto que no  se utilizaron los recursos.

Peña lamentó que, en un momento de crisis como el que atraviesa el país, la Asamblea "dominada por el MAS" no devuelva los recursos a las ETAs. "Tener $us 516 millones guardados, cuando hay tantas carencias, es un crimen atroz", sentenció.

Es más, el secretario de Gobierno sostuvo que la Asamblea no aprobó la restitución de recursos de manera permanente, sino que las ETAs serán eximidas (por los próximos seis meses) de la confiscación del 12% de recursos de IDH.

Con esta figura, el primer desembolso llegaría a fines de junio y significarían Bs 300.000 para la Gobernación. "Es una suma ínfima a irrisoria en un momento de emergencia sanitaria, por lo que la ley es una burla para el país. Es condenable que los parlamentarios del MAS no vean las carencias y necesidades", señaló.

Según Peña, con $us 516 millones, las ETAs podrían comprar en conjunto 10.000 camas hospitalarias, 35 millones de pruebas rápidas o adquirir entre 11.000 y 12.000 respiradores.