Economía Digital minimiza Corrupción
¿A quién beneficia que se suspenda la facturación digital?, ¿A quiénes les convienen procesos análogos de importación?, ¿Quiénes lucran de la ausencia de firma digital en los certificados y permisos?, ¿Quiénes se enriquecen ilícitamente por la falta de transparencia en las compras y contrataciones de los gobiernos? Algunas respuestas las encontraremos en la forma en cómo la digitalización de nuestras economías -hoy fomentada por todos los organismos financieros internacionales- puede responder a la necesidad de mayor transparencia y menor corrupción.
Una de los cambios obligados derivados del confinamiento económico y social que hemos vivido en los últimos sesenta días ha sido la migración de nuestra cotidianidad presencial a la virtual. La mayoría de nuestros hijos han trasladado el colegio al aula virtual, las fraternidades han sido reemplazadas por el zoom o el jitsimeet al igual que las reuniones y cafés de nuestras esposas, las empresas mejor preparadas tecnológicamente han podido migrar rápidamente al teletrabajo y con ello ayudar a que la economía no se desplome y a reducir la velocidad del contagio del virus. En resumen, hemos logrado digitalizar buena parte de nuestro cotidiano vivir.
Ahora veamos como debería funcionar un gobierno con una buena base tecnológica de información. Un procedimiento de compras o contratación digital con información abierta y transparente, bajo parámetros estrictos de seguridad, es sin duda menos propenso a la corrupción que un procedimiento analógico y manual donde en cada paso hay la intervención de un empleado del sector público o privado, que de manera subjetiva y en muchos casos a conveniencia procede a asegurar la continuidad del proceso hasta su aceptación o contratación.
Un proceso digital de contrataciones públicas debería asegurar que se cumplan al menos cuatro condiciones básicas: i) disponibilidad y acceso de la información en todos los niveles; ii) la evaluación transparente de las propuestas a cargo de un comité; iii) la contratación a través de órgano independiente; y iv) el pago desde otro órgano independiente de única cuenta pública.
Todo este proceso digitalizado e interconectado entre el demandante de la contratación y los órganos independientes que contratan y pagan, debe eliminar o minimizar la posibilidad de un acto corrupto de funcionario público o empresa privada. En este aspecto debemos ser lo suficientemente claros y reconocer que es tan corrupto el funcionario público como la empresa privada que lo fomenta para lucrar ilícitamente amparado en la fachada de la generación de empleo y producción.
Respecto a la facturación digital no solo es útil para una mayor eficiencia en el pago de las obligaciones fiscales, al eliminarse declaraciones y minimizarse enmiendas tanto de las empresas (IVA/IT) como de los empleados (RCIVA), sino que es de vital importancia para la formalidad y la transparencia, de los ingresos y los precios, permitiendo generar base de datos que inclusive sirven para comparar a hacer más eficientes las contrataciones públicas de bienes y servicios de compra regular. Obviamente que esto no le conviene en absoluto al que factura menos de lo que vende, o quien no emite factura y peor aún al que las falsifica, ya que al estar digitalizada la emisión esta también digitalizada su ubicación a través del IP (número de interfaz de conexión a la red) autorizado.
En el caso de los permisos y certificaciones que sobre abundan en los Estados y gobiernos burócratas cargados de funcionarios públicos cuya única tarea es aprobar y firmar -lo cual les otorga un poder sobre natural- la digitalización perfora el sistema corrupto al implementarse procesos de solicitud en línea, que se aprueban u observan en plazos inmediatos en los mismos sistemas “on line” y luego de aprobados, dichos certificados se emiten con firma digital de la autoridad y con un código único de identificación denominado (QR) que el solicitante imprime y usa cuantas veces lo requiera. El proceso digitalizado evita aglomeraciones en las oficinas públicas, elimina el contacto del funcionario público con el requirente, reduce el gasto público de impresión y papelería, hace más eficiente el proceso, aumenta la transparencia y minimiza las posibilidades de corrupción.
Nos causó mucha sorpresa las recientes decisiones de los dos órganos recaudadores del Estado, en contrasentido con los avances en la digitalización que se habían venido alcanzando. El primero del Servicio de Impuestos Nacionales que suspende la facturación digital y el segundo de la Aduana Nacional que suspende la aplicación del sistema SUMA en las aduanas de los aeropuertos internacional del país, por donde aún ingresan cargas aéreas de vuelos regulares del único carguero boliviano en manos de la Fuerza Aérea y otros vuelos aéreos chárter. Esperamos que esta sea una decisión basada en las circunstancias propias del confinamiento y crisis sanitaria.
