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Este lunes a la mañana, unas 45 reclusas del penal de Miraflores, La Paz, instalaron un piquete de huelga de hambre con el fin, según dijeron, de denunciar la supuesta violación de sus derechos humanos por parte de la administración de esa cárcel.

Según un comunicado, las privadas de libertad acusan a la gobernadora Lupe Maldonado Tórrez y al equipo de policías con el que trabaja de vulnerar sus derechos humanos y de algunos hechos de corrupción.

Exigen también una auditoría del manejo de recursos de la Lavandería del penal, donde las reclusas aseguran que hacen turnos de 14 horas diarias y no “reciben reportes por los ingresos generados”. El mismo pedido va para la tienda de productos.

Otra de las demandas de las reas es que Régimen Penitenciario conforme un equipo multidisciplinario para que trabaje en esa cárcel. Se quejan de que no cuentan con servicio médico y que son víctimas de maltrato policial y traslados indiscriminados.

Solicitan garantías para poder finalizar la huelga de hambre sin recibir represalias.

Vanessa Cartagena, una de las representantes de las internas, en contacto con EL DEBER informó que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario ya notificó el retiro de Maldonado mediante un memorándum, pero mientras no la vean abandonar su oficina continuarán con la medida de presión.

"Es solo un papel, además queremos que nos brinden las garantías de que no habrá represión contra las internas que iniciamos la movilización", indicó.