Liquidación de activos será una de las salidas para superar la crisis

La oferta de viviendas en venta, alquiler y anticrético, se ha incrementado durante los últimos meses. Anuncios en los periódicos, fanpage de bienes raíces y el marketplace del Facebook dan cuenta que hasta los precios de estos activos han comenzado a bajar por la poca demanda que existe durante la pandemia de coronavirus.

“Una situación específica o real que se va a dar es que algunas personas que son de clase media-alta van a tener la posibilidad de recurrir a la liquidación de sus activos. Sin embargo, la clase media más baja, que mantiene su condición de ella en base al endeudamiento, venderá sus activos”, explicó Jaime Pérez, analista en desarrollo social y pobreza de la Fundación Jubileo.

Estas decisiones, permitirán a este segmento socioeconómico sostener y mantener las condiciones de vida que tenían hasta antes de las medidas de confinamiento y de alguna manera podrán generar ingresos para que, a partir de eso, puedan retomar su actividad y no caer en los bolsones de pobreza.

Ana María O. ofrece en el marketplace una de las dos viviendas que posee. Cuenta que antes que ingrese la enfermedad al país, la casa que se encuentra en un condominio cerrado en la zona norte de la capital cruceña estaba en $us 150.000. “Ahora la estoy ofreciendo en $us 130.000 negociable, porque ya casi nadie llama para preguntar. Todo está parado y a la primera oferta que me hagan la venderé, porque necesito pagar el banco”.

Después de la crisis sanitaria

Un estudio del Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) publicado en abril, reseña que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) baja la proyección de crecimiento para Bolivia de 3% a -3% en 2020 por el Covid-19. “Esto remite una recesión sin precedentes en el país que ha comenzado a ser visible en la economía en términos de producción, empleo, ingresos y otros indicadores macroeconómicos”, indica el informe.

Como propuesta, señala que el Gobierno debe encaminar un conjunto de políticas para estimular el nivel de actividad económica para responder a la gravedad de la crisis priorizando los rubros productores de bienes esenciales, con capacidad para generar mayor valor agregado, empleos de calidad y socialmente protegidos.

“Acuerdos de financiamiento con los sectores empresariales y de las pequeñas y medianas empresas deben sujetarse a la estabilización y/o creación de empleos; además a la protección a los trabajadores mediante el aumento de la cobertura de la seguridad social (salud y pensiones) en cumplimiento de la legislación laboral”, puntualiza.

Alerta laboral (cedla) durante la crisis: El 55% de la población económicamente activa trabaja en unidades productivas por cuenta propia. El 23% trabaja en micro y pequeñas empresas. El 10% de los trabajadores se ocupa en empresas medianas y grandes y el 12% en el sector estatal.

Ampliación de la crisis: los sectores que mostraron una reducción más pronunciada de su dinamismo fueron el transporte, la administración pública, industria, construcción y comercio.