Asegura que la recuperación está condicionada al pago de Bs 2.500 millones que les adeudan y la inyección de Bs 10.000 millones que proponen en el plan de inversión. Pandemia obliga al sector a reinventarse

15 de junio de 2020, 11:53 AM
15 de junio de 2020, 11:53 AM

El presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) revela que el sector está en crisis debido al incumplimiento de pago de planillas de obras públicas ejecutadas en el anterior Gobierno. Alude que la pandemia comprometió aún más las operaciones y pide medidas económicas de alivio para sacar de la iliquidez a la construcción, ‘motor’ generador de empleos.

¿Cómo llega a ser el líder de uno de los sectores empresariales más activos de la economía regional y nacional ? ¿Cuál es su trayectoria profesional?

Pertenezco a una familia de constructores. Soy parte de la segunda generación de S & L Ingenieros, empresa con 41 años de presencia en el mercado cruceño. Somos una constructora especializada y enfocada a proyectos de infraestructura en el sector público. La influencia la tuve de mi padre, que fue presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y de Santa Cruz. Me formé en la Universidad Autónoma de Guadalajara (México), pero cuando llegué a Bolivia empecé desde abajo ayudando al ingeniero de obra, luego administrando proyectos y posteriormente pasé al área de presupuesto. Así gané experiencia. Desde hace cinco años tutelo la gerencia de la empresa. Me crié entre los ‘fierros’, ingenieros, contratistas y albañiles’. En lo institucional, desde hace una década soy parte de Cadecocruz y también lidero Fundempresa.

¿En los últimos años se habló con mucha recurrencia de ralentización de la economía, ¿el sector sintió algún impacto o cuál es el balance actual?

La economía de Bolivia comienza un proceso de desaceleración desde 2014 con tasas de crecimiento positivas, pero cada vez menores debido a la caída de los ingresos por exportación de gas natural debido a la baja del precio y la demanda de Argentina y Brasil. Este freno se advierte en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2013 alcanzó un 6,8% y en 2019, un 2,2%. En seis años se redujo hasta un 70%.

La desaceleración en la construcción comienza en 2016, coincidiendo con el menor volumen de inversión pública ejecutado. La tendencia negativa se ha acentuado desde 2018, cuando por primera vez en 15 años la tasa de crecimiento de la construcción (3,5%) fue inferior a la de Bolivia (4,2%). En 2019 el rango de crecimiento (1,91%) fue inferior al 2,22% de la economía nacional. Si comparamos las tasas de crecimiento del periodo 2012-2014, que superaban un 10%, la situación en el bimestre 2018-2019 es muy preocupante, cinco veces inferior.

A escala Santa Cruz, todas las alarmas saltaron. En 2019 la construcción casi no creció, su tasa fue del 0,18%. Estos datos confirman la desaceleración general de la economía de Bolivia y una caída muy importante en la actividad de la construcción que indicaba el fin de un ciclo económico.

El sector está en una situación crítica, con empresas casi ‘quebradas’ o al límite por el retraso de pago de planillas de proyectos de inversión pública ejecutados en el anterior Gobierno y por la inactividad debido a las restricciones dispuestas para contener la expansión del coronavirus.

¿De qué forma afecta el incumplimiento de pago de planillas en el funcionamiento de las empresas del sector? En el caso de Santa Cruz, ¿cuánto, en valor, es la deuda?

El impacto es enorme. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 72% de la formación bruta de capital -es sinónimo de construcción- es ejecutada por instituciones públicas mediante la inversión pública, por lo que el retraso en el pago de planillas afecta el flujo de caja de las empresas y las somete a fuertes presiones de liquidez.

Entre otras consecuencias del retraso de pago de planillas, están la paralización de algunas obras, el cierre de empresas y la afectación del funcionamiento de los 17 sectores que dependen directamente de la cadena de la industria de la construcción. Es difícil determinar con precisión el monto total de la deuda acumulada a la fecha. A escala país, Cadecocruz estima que son unos Bs 2.500 millones.

¿Qué plantean para superar el problema y darle liquidez al sector de la construcción?

Desde hace seis años, Cadecocruz propuso una solución estructural a este problema, convertir la planilla de avance de obra en título valor para que sea libremente transable en el sistema financiero nacional mediante el correspondiente descuento.

De esta forma, estableceríamos un mecanismo eficiente y rápido de obtener liquidez y fijaríamos un nuevo instrumento financiero en el mercado, que con el tiempo crearía su propio mercado secundario. Lamentablemente, las autoridades no han considerado esta propuesta y el problema se sigue arrastrando y se hace cada vez más grande.

En el marco de la emergencia por el Covid-19, Cadecocruz elaboró y presentó el ‘Plan de Emergencia de la Construcción’ cuyo primer punto era el pago de las deudas del Estado con las empresas constructoras a través de un fideicomiso administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). No hemos tenido respuesta. Si la decisión se alarga más tiempo llevará a la quiebra a muchas empresas. La construcción es el motor de la economía y un sector dinámico que genera muchos empleos.

¿La construcción en crisis?, ¿cuánto requiere de financiamiento y cuánto tiempo estiman para salir a flote?

Está en crisis. A la complicada situación, al cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2019, hay que agregarle la emergencia sanitaria y la cuarentena total, declarada en marzo, que paralizó la actividad por completo. Una forma de atenuar el efecto es otorgando liquidez y la mejor manera es que abonen las deudas existentes que se arrastran de gestiones anteriores. Esto permitiría honrar los compromisos que se tienen y sostener toda la cadena.

Requerimos líneas de crédito para dar liquidez inmediata, a tasas de interés reducidas y con plazos de pago extendidos. Nos permitiría amortiguar el golpe sufrido y comenzar el proceso de recuperación. Para ello, en cuanto a montos, a escala nacional, hablamos de los Bs 2.500 millones que se adeudan al sector y nosotros hemos sugerido un plan de inversiones de Bs 10.000 millones.

En el tema de plazos de recuperación es complicado predecirlo porque va a depender de la puesta en ejecución de nuevos proyectos de inversión. Si se logra esto, podríamos pensar que el sector estaría trabajando a pleno, en cuanto a rendimiento, a fines de 2021.

El sector emplea de forma directa a 470.000 personas en toda Bolivia, y de forma indirecta genera un millón de empleos adicionales. La construcción es el sector que más empleos creó por año entre 2011y 2018. Somos una pieza fundamental para la recuperación y reactivación de la economía nacional.

En tiempo de pandemia, ¿cómo encaran la ‘nueva realidad’?

La pandemia del coronavirus y su elevada tasa de contagio tienen un efecto directo muy fuerte en la forma de realizar las actividades y el trabajo, aplicando protocolos de bioseguridad, con equipos de protección personal, y adecuarnos a las nuevas formas de trabajo. El sector se está reinventando y adaptando a la ‘nueva realidad’, implementando medidas de bioseguridad -cámaras de desinfección y uso obligatorio de barbijos- para preservar la vida de los trabajadores y evitar un cese temporal de actividades por un eventual caso de contagio.

Las empresas constructoras hemos asumido el reto de volver al trabajo precautelando la salud y la vida de los trabajadores, que es lo más importante.

¿Cómo se deben rediseñar las ciudades en el futuro tomando en cuenta el golpe dado por el coronavirus?,¿qué planes hay en agenda para articular un nuevo rumbo entre los actores del sector y qué propuestas hay sobre la mesa?

Las ciudades deben ser sujeto de un análisis profundo, necesariamente multidisciplinario e integral, incluyendo estadísticas nuevas y reales, como herramientas para pensarlas y buscar soluciones acordes a las necesidades actuales y proyectadas.

La emergencia nos obliga a hacerlo de manera seria y urgente. Necesitamos políticas de Estado que den los lineamientos a la migración interna que termina acentuando las dificultades en algunas ciudades. La gente emigra en busca de soluciones a sus necesidades, en busca de servicios y de trabajo. Se tiene que trabajar en políticas de Estado responsables, planes de migración interna y soluciones a la demanda de trabajo y servicios. Además, pensar seriamente en la reeducación de la ciudadanía y alimentarla con información clara para que la gente entienda las necesidades de distanciamiento social en actividades cotidianas tanto públicas como privadas, acceso a equipamiento de aseo e higiene en espacios públicos, entre otras medidas preventivas.

¿Qué le depara al sector ante la crisis económica anunciada? ¿Es viable refugiar capitales en activos inmobiliarios? ¿Qué criterios deben tomar en cuenta quienes quieren incursionar en el negocio de la construcción?

La pandemia puso a la economía mundial y nacional en recesión, esto marcará el rumbo futuro de la actividad. Una vez se supere el problema sanitario, desde el punto de vista fiscal, van a existir restricciones de acceso a recursos para la ejecución de inversión pública.

La crisis que se viene afectará la demanda agregada, con lo que en el corto plazo el poder de compra de los hogares y agentes privados también se va a resentir.

Si no hay un fuerte y sostenido estímulo fiscal, es muy probable que la recesión dure un tiempo.

El sector inmueble siempre será una reserva de valor y se convertirá en una oportunidad y refugio para los capitales en un momento de incertidumbre y turbulencias.

Sin embargo, por la importancia en la generación de empleo tenemos la esperanza de que la reactivación se apoye y encamine con la actividad constructiva.

El Gobierno actual lanzó un paquete de medidas para aliviar la economía de las empresas, ¿cuál es la evaluación sectorial al respecto?, ¿es suficiente?

En general, las medidas están bien orientadas, pero lamentablemente son insuficientes para atender la magnitud del problema, tanto del sector de la construcción como del resto de las actividades económicas.

Ha lanzado un programa de créditos para que las empresas que paralizaron sus actividades, entre ellos la construcción, puedan pagar salarios con una dotación de Bs 1.000 millones. Sin embargo, la deuda del Estado con las empresas es de Bs 2.500 millones, lo que muestra que la medida es limitada y escasa.

Se postergó el pago del IUE 2019 hasta el 29 de mayo, lo que otorga liquidez de corto plazo, pero hay que honrar el pago cuando seguimos paralizados. No es una solución eficiente. Nosotros propusimos que se postergue hasta noviembre cuando la economía esté funcionando otra vez. Estamos en un momento excepcional que requiere de medidas audaces. Creo que falta profundidad y amplitud a las acciones adoptadas, que si bien reitero que están bien, son insuficientes.