Los pueblos indígenas frente al Covid-19
Leonardo Tamburini
Abogado - Investigador
Desde que el coronavirus entró en el país, se supo que los pueblos indígenas tendrían que batírselas solos con la enfermedad, y que los avances constitucionales dependían de su capacidad de ejercer sus derechos y hacerlos respetar. Conscientes de que sufrirían particularmente el embate de esta crisis a consecuencia de las enfermedades de base que acarrean, la desconfianza en el sistema público de salud, y al desconocimiento de sus formas de enfrentar emergencias, se enviaron los acostumbrados comunicados demandando el cumplimiento de sus derechos, solicitando medidas específicas, considerando sus particularidades sociales y culturales, sin obtener respuestas hasta la fecha.
En este escenario se evidencian dos elementos claves que dificultan el abordaje de la problemática. Por un lado, el actual gobierno de transición no contempla en su agenda a los pueblos indígenas como actores relevantes, a pesar de que representan a más de la mitad de la población boliviana; por otro lado, las organizaciones indígenas se encuentran en un estado de extrema debilidad, están divididas, desacreditadas y carentes de legitimidad para ser interlocutores válidos con el Estado. Esta situación no es más que la prolongación de una que lleva ya varios años.
En respuesta a la ausencia de un liderazgo representativo, la posta fue asumida por las organizaciones territoriales y de pueblo, quienes se han dado modos para articular a municipios, autonomías indígenas y departamentos con el propósito de hacerle frente a la crisis. Si bien esta coordinación funcionó durante los dos primeros meses de la cuarentena, ya cuando los primeros casos empezaron a registrarse en los territorios, se puso en evidencia cuán expuestos estaban estos pueblos a la enfermedad. La crisis que está sufriendo San Antonio de Lomerío, uno de los municipios mejor organizados y con un centro de salud que articula las postas sanitarias de las 29 comunidades de ese territorio, fue rápidamente desbordado. Estas condiciones se replican con las personas indígenas que viven en las ciudades y pueblos del Oriente del país, que están aún más expuestos que sus compañeros en las comunidades.
Por otro lado, la pandemia no frenó las agresiones al medio ambiente de los territorios indígenas. Según datos últimos, se cuentan 1.237 focos de calor en 27 territorios (CEJIS: 2020), y se avecinan condiciones ambientales peores a las de 2019, que hacen presagiar que el bosque tendrá que pagar el costo de la pandemia. El gobierno ha emitido decretos para autorizar la producción de maíz, trigo y otros cultivos de variedad transgénica, atacando el patrimonio cultural y genético que tienen sobre sus cultivos tradicionales y ha emitido la resolución RM/96 que flexibiliza los requisitos para la otorgación de derechos mineros, violando el derecho a la consulta previa, acicateando la producción aurífera en los ríos amazónicos del país.
Bolivia adoptó el modelo de Estado Plurinacional Comunitario en 2009, reconociendo su acervo multicultural y pluriétnico, así como un amplio conjunto de derechos para más de la mitad de su población, que históricamente fue negada. Aun así, no hacen mella en el Estado las sistemáticas recomendaciones que realizan los organismos internacionales sobre las medidas que deben adoptar para trabajar la problemática indígena. Los pueblos indígenas deberán encontrar de manera autónoma su propio camino para ponerse a buen recaudo de esta enfermedad.
