Ni Salud…… ni Economía

Antonio Rocha Gallardo
Presidente - CNDA

Con sana envidia vemos como algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, han venido lidiando con éxito la lucha contra esta desastrosa pandemia. En el caso de Uruguay con una población de 3,5 millones de habitantes tiene 847 personas infectadas que equivale a 25 casos por cada cien mil habitantes mientras la cifra de fallecidos alcanza a 23 que equivale a 0,67 muertes por cada cien mil habitantes y la cifra de recuperados es similar a la de casos confirmados. Por su parte Costa Rica con una población de 5 millones de habitantes registra 31 casos confirmados por cada cien mil habitantes y con solo 12 muertes registra una tasa de 0,24 decesos por cada cien mil habitantes. 

En el caso de Bolivia que al inicio de la pandemia teníamos buenos indicadores, a medida que ha crecido el índice de contagiados y crece el número de muertes se desnuda nuestra precariedad en el sistema de salud además de la incapacidad del gobierno de enfrentar la emergencia a pesar de las medidas de confinamiento que vive el país desde mediados de marzo pasado. 

Los indicadores reflejan nuestra indefensión con 17 mil casos confirmados, equivalente a 149 infectados por cada cien mil habitantes y 533 muertes que equivalen a 5 muertes por cada cien mil habitantes. Comparando nuestras cifras con los que lo hacen bien, y no con quienes lo hacen mal, tenemos seis veces más contagiados y casi ocho veces más muertos que Uruguay y comparados con Costa Rica tenemos 5 veces más contagiados y 21 veces más muertos, todo esto proporcional con la población.

Lo que es aún más lamentablemente es que en medio de la pandemia la población observe que tanto el Gobierno provisional como la Asamblea Legislativa hacen política con la salud. A menos de noventa días de reeditar las fraudulentas elecciones del pasado mes de octubre, se ha perdido credibilidad y confianza en los provisionales gobernantes cuya gestión en menos de ocho meses se ha plagado de una corrupción detestable e indolente con las carencias y pobreza de los bolivianos.

Si en materia de salud andamos mal, en materia económica creo que vamos aun peor. En el caso de las medidas de orden fiscal, se amplió el plazo de los pagos de impuestos mensuales al valor agregado y el impuesto a las transacciones por el tiempo que hubiera durado el confinamiento. Hoy todas las empresas formales con la liquidez en rojo y sin capital de operación, además de intentar reactivar la producción y los servicios debemos pagar los impuestos devengados, los salarios a los trabajadores y todas las prestaciones sociales en mora. La gran pregunta es… como?

En materia laboral el sector privado es consciente de la necesidad de sostener el empleo y lo ha venido haciendo en medio de la crisis durante el confinamiento obligado de noventa días en el caso de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, lo cual es ya insostenible. En esta materia el gobierno decretó la inamovilidad funcionaria durante la cuarentena y difirió los pagos de aporte a la seguridad social, mientras otros países han flexibilizado su legislación laboral permitiendo reducciones salariales pactadas y la suspensión laboral sin salario por el plazo máximo de tres meses, lo cual fue compensado con bonos de ayuda de los gobiernos a la población y en algunos casos devolución de ahorros previsionales de los trabajadores dada la situación de emergencia.

En materia financiera se aprobó una línea de crédito con plazo de 18 meses con seis meses de gracia y tasa del 3.75% para el pago de dos meses de planillas de sueldo de los trabajadores, a este fondo se le asignaron Bs. 200 millones que equivaldrían solo al 25% de la necesidad de financiar salarios de un millón de trabajadores del sector privado. Además de ser un financiamiento insuficiente hasta la fecha su ejecución solo llega al 50% del fondo debido a las mismas restricciones de acceso a estos recursos. La otra línea de crédito para reactivar a las MyPEs de 214 millones de dólares a tasa preferente por cinco años con un año de gracia aún no está disponible en el sistema financiero, al parecer por razones de liquidez del Banco Estatal de Desarrollo (BDP).

Huelga decir que las medidas fiscales, laborales y financieras para atender la falta de oxígeno del sector productivo nacional no solo han sido insuficientes, sino hasta contraproducentes, por lo que están obligando a las empresas a declararse insolventes o restructurarse de forma obligada, con consecuencias graves para la producción nacional y el empleo.

Esperemos que en 90 días los bolivianos tengamos la opción de elegir un programa de gobierno centrado en las verdaderas necesidades de la población.