La presidenta Dora Luz de Dávila lamenta las declaraciones de pacientes, que afirman que se les exige certificado negativo de coronavirus. Dice que se atendieron casos positivos, a pesar de que el Estado adeuda seis meses de tratamientos

20 de junio de 2020, 11:09 AM
20 de junio de 2020, 11:09 AM

Triste. Así de declaró Dora Luz de Dávila, la presidenta de la Fundación Davosan, tras ver en un medio de comunicación las declaraciones de una paciente renal que afirmaba que en el Centro de Hemodiálisis se exigía prueba negativa de coronavirus para ser atendida.

"Hay gente malagradecida a la que dializamos en horarios extraordinarios, poniendo personal adicional y gastando Bs 800 más de lo normal por paciente, monto que no nos reconoce el Gobierno, que además hace más de cinco meses no nos paga por los tratamientos. Hacemos sacrificios sobrehumanos para conseguir el dinero para insumos, equipos de bioprotección, etc. Incluso nuestro encargado, que también trabaja en el hospital San Juan de Dios, está con Covid-19. No entiendo cómo la gente puede morder la mano que le ayuda. La prensa, antes de lanzar una acusación, debería consultar, no pueden manchar una trayectoria de amor a la gente pobre por una persona", lamentó Dora Luz de Dávila.

Según ella, a pesar de que el encargado de la unidad, tres enfermeras y varios pacientes están con Covid-19, y de la falta de dinero, Davosan siguió atendiendo durante la cuarentena, pero además asumió el costo de recoger y dejar pacientes en sus casas, incluso a los que viven en Paurito.

Richard Llusco, jefe médico de la unidad de hemodiálisis de Davosan, que también está con coronavirus, explicó cómo es el procedimiento para personas con coronavirus que también tienen insuficiencia y necesitan dializar. "No es que no se los dializa, sino que en un momento a esos pacientes se los apartó para dializarlos en un horario especial, en grupo aparte, para no contagiar a los otros pacientes que no presentan síntomas de Covid-19", dijo.

Tratar a esos pacientes en horario especial cuesta más del doble porque hay que desechar todo el material; equipar con bioseguridad a las cinco personas que los atienden cuesta como Bs 1.000. "El Gobierno nos debe ya seis meses de servicios prestados. Han malinterpretado todo, al separarlos, queremos proteger a los otros del contagio, porque ya hubo cinco fallecidos por Covid-19 entre nuestros pacientes", añadió.

Llusco dice que a los sospechosos de Covid-19 se les ha pedido radiografía o tomografía para ver el estado de sus pulmones. "Nosotros necesitamos saber cuál es el estado de cada paciente porque vienen con insuficiencia respiratoria y este es un centro ambulatorio, no para pacientes críticos, que podrían entrar en paro respiratorio acá", aclaró. 

Cree que la molestia de algunos pacientes se deba a la saturación hospitalaria, pues en el sistema público no se los atiende a tiempo.