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El Comité Interinstitucional de defensa a víctimas de injusticia por motivos políticos e ideológicos “Justicia y Paz”, presidido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, evaluó 544 casos de personas perseguidas durante el Gobierno de Evo Morales. Del total, 382 fueron admitidos y 162, rechazados.

“Acaba de concluir la sesión del Comité, se presentó un informe que detalla que el 8 de junio venció el plazo para la presentación de todas las denuncias de aquellos ciudadanos que consideran ser víctimas del régimen de Evo Morales y de persecución política ideológica, y que a través de la instrumentalización de la justicia fueron ilegalmente detenidos o procesados, o se vieron en la obligación de abandonar el país”, informó este miércoles el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas. 

Los datos indican que 544 casos fueron evaluados, 472 procedieron de denuncias motivadas por ciudadanos y 72 fueron derivados de oficio a través de los viceministerios o unidades descentralizadas.

También detalló que, del total, 382 fueron admitidos y 162, rechazados. Hay tres razones para el rechazo: los hechos no se suscitaron entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019 (periodo del gobierno de Evo Morales), los casos no fueron presentados dentro del plazo de recepción, o porque la vulneración de derechos no fue atribuible a la administración de justicia.

Del total de casos, el 52% fue atendido en La Paz; el 16%, en Santa Cruz; el 10%, en Cochabamba; el 6%, en Potosí; el 4%, en Tarija; el 3%, en Chuquisaca; el 3%, en Pando; el 3%, en Oruro; y el 3%, en Beni. No obstante, los perseguidos tenían su domicilio real en otras ciudades, pero los casos se ventilaron en un departamento diferente.   

Casos de relevancia

Entre los casos de relevancia, por su connotación pública, están el de terrorismo, en el que se logró la absolución de 33 acusados; el de Porvenir, donde se obtuvo la libertad pura y simple de Leopoldo Fernández tras 11 años de detención preventiva; el de Adepcoca (Asociación de Productores de Coca), que concluyó en la libertad de Francklin Gutiérrez.

También están aquellos con los que se logró el retorno de los exiliados políticos, como Mario Cossío, José Luis Paredes, Branko Marinkovic, Guido Náyar, Elsner Larrazabal, Huascar Aguilar, Ana Melena, Julio Villalobos, Róger Zavala, Wilmar Banegas, Erasmo Soria, Eduardo Shimokawa, Julio da Silva, Renar Suárez, Wilson Mayna, Ricardo Shimokawa y Douglas Domínguez.