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Son 2.870.000 los estudiantes de nivel preescolar, primario y secundario en el país. Son niños y adolescentes que se convierten en doblemente víctimas: del Ministerio de Educación, que ha demorado mucho las opciones para que el aprendizaje siga fluyendo, y de los maestros, muchos de los cuales se sentaron a esperar las inexistentes soluciones, sin generar iniciativas para demostrar que tienen vocación.

Tuvieron que pasar tres meses para que el Ministerio de Educación dé a conocer el Decreto Supremo 4260 para normar la educación regular, alternativa, virtual y semipresencial. Antes de esto, los alumnos quedaron en el limbo y se iba improvisando con ellos. Hay que destacar escuelas y docentes que dieron la talla, investigaron y pusieron su máximo esfuerzo para aprovechar el momento e introducir la tecnología a las aulas. Empero, hay que lamentar que muchos otros se limitaron a dar tareas por WhatsApp o a trasladar las tediosas clases de las aulas a las plataformas virtuales, sin considerar si el medio era apropiado para que sigan una rutina repetitiva y poco eficiente.

Se conoció que el decreto en cuestión dice que para la educación virtual los colegios deben tener plataformas que cumplan requisitos de arquitectura y entorno virtual, tener servidor y software de gestión académica. O sea, les exigían una arquitectura que probablemente puede ser cumplida en el sector privado, pero está lejos de hacerse realidad en las zonas periféricas de las ciudades y, menos aún, en las zonas rurales. Pero, además, la norma aclara que implementar todo esto no debe significar que el Tesoro General de la Nación erogue recursos adicionales.

Los maestros que esperaron a que les lleguen las soluciones protestan porque lo que les dieron no resuelve su desconocimiento de las aplicaciones y plataformas que demanda la educación virtual. Entretanto, los alumnos siguen en el limbo, aprendiendo como pueden y viendo cómo se van los días de un año prácticamente perdido.

En cambio, EL DEBER ha registrado historias valiosas de maestros a los que habría que clonar. Una profesora de inglés de San Matías que, ante la imposibilidad de dar clases presenciales, se asoció con la única radio de la zona donde graba audios (conocidos como podcast) para enseñar su materia y recibe retroalimentación a través de WhatsApp. Otro docente que trabaja en Santa Cruz de la Sierra exploró y creó su sitio en Youtube, desde donde ofrece contenidos de matemáticas, química y física de manera innovadora y cautivadora para sus estudiantes. También se hizo famoso un docente que se sube a diario a su bicicleta en una zona rural de Cochabamba, y recorre las casas de sus estudiantes con su pizarra a cuestas.

Sin duda hay muchos otros ejemplos que se deben replicar, así como escuelas que hacen que la comunidad educativa se sienta orgullosa. Esos deberían ser los parámetros para diseñar la nueva normalidad de la enseñanza y el aprendizaje para más de 2,8 millones de niños y adolescentes que hay en el país.

En cambio, debería evaluarse y sancionarse con la pérdida del ítem a maestros y directores que fueron indolentes, que carecieron de iniciativas y que no dieron la talla para responder por los seres que se les encomendó. ¿Se lo hará? ¿Será el Estado capaz de romper la dictadura sindical que defiende la inamovilidad del maestro, aunque éste se aplace sucesivamente en su misión?

Lamentablemente, la demora del Ministerio de Educación y la pasividad de los docentes que se limitaron a esperar que las cosas ocurran traerán consecuencias irremediables: la pérdida de días y meses valiosos, la deserción escolar y, sobre todo, la oportunidad desperdiciada de forjar un futuro mejor para Bolivia a través de la formación de sus recursos humanos.