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La Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente ayer un reglamento del gobierno que permite el uso progresivo de la fuerza a militares durante protestas sociales, lo que ha sido criticado por organismos de derechos humanos.

El llamado "Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas" fue publicado en el Registro Oficial (libro de leyes del Estado) el 29 de mayo y supone una reforma de los modos y funcionalidades de intervención y conducta de las fuerzas militares en situaciones de disturbios y resistencia social interna.

La corte admitió una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial que permite a los militares ir escalando en el uso de fuerza hasta llegar al empleo de armas letales, informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter. La presidencia, el ministerio de Defensa y el Congreso de Ecuador tienen 15 días para responder a la demanda.

En la resolución de la Corte, divulgada por la Defensoría, se establece que la suspensión del acuerdo "no implica pronunciamiento sobre el fondo" de la acción de inconstitucionalidad.

Polémico reglamento

El reglamento, expedido a fines de mayo, consta de cinco niveles de uso de fuerza en protestas: desde el contacto visual e instrucciones verbales hasta "el uso de armas de fuego con munición letal". El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha expresado que el documento regula la actuación de las Fuerzas Armadas cuando en un estado de excepción deben controlar el orden público junto a la Policía.

Según el ministerio de Defensa, el uso progresivo de la fuerza se aplicará tras la evaluación de los oficiales a cargo de una operación militar y "el uso de las armas letales" se realizará "cuando exista una situación de agresión agravada" que ponga en peligro la vida de militares o terceros.

Hace una semana Human Rights Watch (HRW) criticó el acuerdo al considerar que la participación de la milicia en protestas "podría alentar el uso de la fuerza letal". Agregó que "la participación de militares en operaciones de orden público es problemática para los derechos humanos debido a que no están entrenados para tareas policiales".

Dar a las Fuerzas Armadas "facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones, es una medida que podría generar graves abusos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según un comunicado.