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De tres categorías de certificación en la lucha contra la trata y tráfico de personas, Bolivia alcanzó el nivel “dos pleno”. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo que se debe celebrar este logro porque Bolivia conservaba el nivel 3 desde 2013. Sin embargo, EEUU en su informe hace severas recomendaciones sobre este tema.


“Eso significa el reconocimiento de la comunidad internacional, el reconocimiento de todas las organizaciones internacionales y el reconocimiento del Gobierno de Estados Unidos. En su informe el secretario Mike Pompeo dice lo siguiente: Bolivia ha hecho todos los esfuerzos, Bolivia ha trabajado de manera extraordinaria y Bolivia ha demostrado resultados en este poco tiempo”, dijo Coimbra en conferencia de prensa.


Pero el reporte del gobierno estadounidense, al margen de esos halagos, realiza 14 recomendaciones y señaló que deben cumplir tareas pendientes.


“El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. No procesó a ningún tratante, la atención brindada a las víctimas fue inconsistente, los casos de funcionarios cómplices permanecieron abiertos y, por segundo año consecutivo, no se informó sobre la identificación de ninguna víctima de trabajo forzado explotada dentro del país”, señala el reporte.


Coimbra aseguró que desde 2013 el país no conseguía salir del nivel 3 que es la peor calificación. En 2018 y 2019, el gobierno de Evo Morales censuró esta certificación y le quitó valor moral a esa nación y dijo que EEUU utilizaba este mecanismo para conspirar contra su gobierno.


Las recomendaciones


Las recomendaciones que realiza el documento de EEUU piden: enjuiciar y condenar a los tratantes, incluidos los autores de trata laboral y funcionarios cómplices; financiar y colaborar con organizaciones de la sociedad civil para proporcionar servicios especializados; identificar víctimas de trabajo forzado; ampliar la capacitación de los funcionarios sobre el uso de protocolos establecidos; mejorar la coordinación entre agencias, incluyendo el intercambio de datos.


Luego añade que, el Gobierno debe examinar a los migrantes venezolanos desplazados en busca de indicadores de trata; instruir al personal del ministerio de Salud para examinar poblaciones vulnerables en busca de indicadores de trata; proporcionar intérpretes para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; adoptar una base de datos para monitorear y desglosar los casos de trata en todo el país; aumentar el período de servicio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; modificar la ley contra la trata de personas para garantizar que no se requiera una demostración de fuerza; agilizar la emisión de visas humanitarias para víctimas de la trata.


También debe aumentar el conocimiento sobre la certificación del “Triple Sello” entre las empresas para reducir la demanda de trabajo forzado; finalmente, capacitar a los funcionarios sobre la diferencia entre el tráfico de personas y la trata de personas.