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La Procuraduría General del Estado (PGE), emitió requerimientos procuraduriales a los ministerios de Defensa y de Gobierno, con relación al proceso de contratación adquisición de compra de gases lacrimógenos provistos por compañía Bravo Tactical Solutions LLC.

“En el marco de las atribuciones establecidas por ley, la Procuraduría confía en que ambos ministerios cooperarán y cumplirán con los requerimientos procuraduriales, remitiendo toda la documentación e información dentro de los plazos legales establecidos”, señala un comunicado de la entidad estatal.

Con estos requerimientos, la Procuraduría señala que está cumpliendo con su misión constitucional prevista en el artículo 229 de la Constitución, de defender “los más altos intereses del Estado”.

Según la entidad, el primer paso que realiza en una investigación jurídica, es solicitar información a los involucrados. Por eso, ahora está pidiendo todo el proceso de contratos, cotizaciones, informes, requerimientos, etc, en torno al proceso administrativo de compra de insumos policiales.

Investigación del Ministerio Público

A principios de junio, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia penal que se interpuso en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, por el caso de supuesta compra con sobreprecio, de gases lacrimógenos.

La Fiscalía conformó una comisión para estas investigaciones por supuestos delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. La querella la presentaron asambleístas miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El Gobierno, tras la denuncia que se hizo pública, desvirtuó la acusación de compras irregulares.

Los documentos preliminares con los que se hizo la denuncia, establecen que el Ministerio de Gobierno envió, el 25 de noviembre pasado, una carta a la empresa Cóndor en Brasil, solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

Pero al día siguiente, la misma repartición de Estado informa a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU. 

Hace dos días, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informó que, conforme establece el procedimiento, se ha empezado a hacer los requerimientos fiscales dirigidos a los dos ministros y también se pidió cooperación internacional al Brasil para poder recibir las declaraciones tanto del dueño de la empresa vendedora, como de otras personas.

“Queremos recolectar los suficientes elementos y se procederá a citar a las dos autoridades a objeto de que presten sus declaraciones informativas en calidad de sindicados, bajo los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y otros delitos”, señaló.

El Ministerio Público aún no tiene el cálculo de una cifra exacta sobre los montos de presunto daño económico al Estado. Hasta el momento, solo los dos ministros están sindicados y la Fiscalía analiza ampliar o la investigación a otros funcionarios que trabajan en ambos ministerios.