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Apoyados en el artículo 250 de la Constitución Política del Estado (CPE), la bancada masista rechazó, nuevamente, los ascensos de los militares que vienen gestionando este trámite desde hace seis meses. El senador Ciro Zabala (MAS) explicó que este precepto constitucional señala que los ascensos deben ser de acuerdo a Ley y los documentos enviados por los militares son en base a un reglamento, por esa razón decidieron trasladar el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La Constitución expresa y claramente señala que lo ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la Ley respectiva, por tanto no es en base a un reglamento sino en base a  ley que deben elaborarse esas listas. Por este motivo hemos presentado una acción de inconstitucionalidad para que se pueda revisar esta situación”, dijo el senador del MAS.

El numeral 8 del artículo 160 de la Carta Magna, señala que una de las atribuciones del Senado es ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, para los jefes militares de las tres fuerzas y también de la Policía. En este precepto no se menciona ninguna ley y el Senado solo debería ratificar, en sesión reservada, las listas que les hicieron llegar.

La senadora Carmen Guzman (UD) contradijo a su colega del MAS y dijo que tanto las FFAA como el ministerio de Defensa, enviaron documentos complementarios para salvar las observaciones que realizaron los senadores masistas y pese a todas complementaciones, el MAS decidió no aprobar los ascensos y derivó el caso al TCP.

“Lo peor de todo es que durante 13 años, el MAS aprobó las listas de los militares tal como eran enviadas desde el Ejecutivo y si ellos dicen que ahora es inconstitucional, eso quiere decir que todo este tiempo el MAS aprobó ascensos ilegales”, retrucó la legisladora.

Para los opositores, la decisión del MAS es claramente política y que se trata de un contraataque desde el legislativo porque la Fiscalía admitió la denuncia presentada por los abogados de la jerarquía militar. En cambio en el MAS consideran que se deben cumplir las leyes y negaron que se trate de un afán dilatorio en el tratamiento de los ascensos en las FFAA.