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De una forma inesperada, muy “a la boliviana”, el país está embarcado en un sui generis proceso electoral en un tiempo en el que unos ciudadanos incumplen las medidas de bioseguridad y se exponen a contagiarse con el coronavirus, y otros acatan disciplinadamente el confinamiento y protegen sus vidas para no caer en manos de ese mortal enemigo, que a unos fulmina como un rayo y a otros –aparentemente- les perdona la vida incluso sin manifestación de síntomas.

Queda la sensación de que las dos opciones que se barajaban consideraban solo beneficio o perjuicio para los actores políticos: el Gobierno de Jeanine Áñez no quería elecciones el 6 de septiembre porque eso acortaba su irregularmente extendido mandato. Todos sabemos que ella solo debió conducir en el mínimo plazo posible el nuevo proceso electoral y nada más, pero entonces llegó la pandemia.

Otros actores políticos querían elecciones lo más pronto posible porque tienen apuro por llegar al poder.

En el que no se pensó en ningún momento cuando ellos discutieron el asunto es en el ciudadano. Nadie pensó en la gente que seguramente será expuesta a contagiarse con el virus durante los actos proselitistas a los que serán conducidos para apoyar a tal o cual candidato.

Nadie pensó en que el día de la votación los ciudadanos volverán a exponerse al concurrir a espacios saturados de personas, y que por más medidas de bioseguridad que se tomen, estará claro que el riesgo será mayor en un día de elecciones que en un día sin ellas.

En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral, tan criticado por su pasividad en este tiempo, entre otras cosas por su inacción frente a demandas para tener elecciones más equilibradas y justas, debiera comenzar a tomar más iniciativa y dejar de ser un soldado silencioso que con el argumento de que “cumple la ley” ve pasar en silencio frente a su vereda un desfile de cuestionamientos ante los que no hace nada.

Si bien el TSE no puede cambiar la ley, puede y debe promover el cambio de ciertas normativas ante las instituciones que correspondan; el presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, es una persona honorable, correcta y confiable, pero sobre él se están sembrando dudas probablemente más por lo que no hace antes que por lo que hace. 

El TSE debe garantizar un padrón electoral depurado que merezca la confianza de los electores, a diferencia de los procesos anteriores controlados por vocales afines al MAS, donde votaban incluso los muertos.

Algunas otras medidas pendientes del TSE son garantizar el control del voto en el cómputo; el acceso de delegados de un partido en “territorios” controlados por los de otro partido, concretamente en los lugares de mayor influencia del MAS; hacer un esfuerzo por contar en la jornada electoral con observadores internacionales; despenalizar a los medios de comunicación que en procesos electorales no pueden poco menos que mover un dedo sin arriesgarse a recibir sanciones, por normas inventadas por el gobierno de Evo Morales para satanizar su trabajo y promover la autocensura. 

Y eso no es poco importante. Veremos qué hace el presidente del TSE ante estos y otros desafíos que están su mano.