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El gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo 4277 que dispone la transferencia de los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación (TGN).

El documento publicado hoy en la Gaceta Oficial señala que, cumplida la formalidad establecida en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), se dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido del FMI.

El mencionado numeral de la CPE indica que: "son atribuciones de la Asamblea Legislativa aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos".

Los 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalen a $us 327 millones y están destinados a cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del coronavirus (Covid-19).

Asimismo, el DS 4277 establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante resolución ministerial, aprobará las condiciones para la utilización de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI. "El señor Ministro de Estado de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo", agrega. 

Desde el Gobierno indicaron que están cumpliendo con la formalidades para lograr la aprobación en el Legislativo.

Como se recordará, el 17 de abril, el directorio del FMI aprobó el mencionado crédito. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, con mayoría parlamentaria del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha negado a aprobar el instrumento financiero argumentando que faltan documentos que respalden la operación.

Se entiende como una medida de presión

Consultado sobre las implicancias legales del decreto, el abogado experto en Derecho Empresarial, Mauricio Becerra, explicó que leyendo el considerando de la norma, la transferencia está supeditada al cumplimiento de la 'formalidad' que se menciona en el texto; es decir, que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa. "Lo entiendo como una medida de presión para que los parlamentarios lo aprueben", precisó.