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El Gobierno central aclaró este sábado, que aprobó el Decreto Supremo (DS) 4277 con el que espera obtener recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), respondiendo a los requisitos que le exige el Órgano Legislativo. Con ese decreto, la Asamblea puede aprobar el proyecto de ley que exige la normativa boliviana, para lograr financiamiento de créditos internacionales.

“El DS 4277 aprobado el 26 de junio de 2020, fue promulgado por el Gobierno con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. De esta manera, podrá dar curso al tratamiento y posterior aprobación del proyecto de ley, autorizando el uso de los recursos de crédito de emergencia, otorgado por el FMI”, señala un comunicado del Ministerio de Economía.

El 17 de abril, el directorio del FMI aprobó un crédito por $us 327 millones. Sin embargo, la Asamblea Legislativa trabó la operación, indicando que faltaban documentos que respalden el proyecto de ley.

Malintencionados

La entidad estatal lamentó las “interpretaciones malintencionadas” que fueron publicadas entre el viernes y este sábado, en algunos medios de comunicación y en redes sociales referidas a la normativa que fue dada a conocer este 26 de junio.

“No obstante que la emisión de dicho decreto era innecesaria, al no existir un contrato de préstamo con el financiador por el carácter humanitario que conlleva la otorgación de estos recursos a los países miembros del FMI, el DS 4277 no autoriza el uso de los recursos del crédito de la entidad internacional; más bien, dispone claramente, en su artículo 2, que con carácter previo al uso de dichos recursos, deben cumplirse las formalidades establecidas en el artículo 158 de la Constitución”, destaca el comunicado del Ministerio de Economía.

Los requisitos de Diputados

Según  la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Otilia Choque, deben cumplirse al menos siete requisitos para la contratación de créditos de organismos internacionales que se exigen en la Cámara de Diputados.

El primero, es la aprobación de un decreto supremo de autorización para la firma de contratos de préstamo.

Además, debe haber un contrato de préstamo con la institución financiera internacional. Hay que presentar las condiciones financieras y no financieras comprometidas para el crédito.

Las autoridades que soliciten un crédito, también tienen que presentar el respaldo 'detallado' de sostenibilidad de la deuda que ampare la capacidad de pago del Tesoro General de la Nación (TGN), para asumir nuevas obligaciones de deuda.

Otro requisito son los indicadores de deuda, como la deuda externa y el Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre 2019, mayo 2020 y la proyección a diciembre de 2020.

Así también, se debe presentar el destino de los recursos provenientes del crédito contraído, según lo establece el artículo 321 de la Constitución. Por último, es requerido un informe técnico e informe legal.