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Cara a cara

Pedro Rivero Jordán 28/6/2020 03:10

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Las aspiraciones marítimas de Bolivia quedaron virtualmente sepultadas el 1 de octubre de 2018. Esa vez, la Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció su contundente fallo: “Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”. El 12-3 adverso del jurado fue equivalente a una paliza, a una catástrofe. Un revés durísimo e inapelable que frustró a los bolivianos entusiasmados por cantos de sirena de los impulsores de aquella demanda que, a la cabeza del ensoberbecido y exultante caudillo cocalero, parecían haberse almorzado la cena al generar expectativas desmedidas en tan añejo y complejo conflicto. 

No cabe duda que después de lo ocurrido en La Haya y que además hizo descender por un tobogán los bonos y la popularidad del ex-jefazo, Chile quedó con la sartén por el mango. Y es así que su cancillería ya tiene redactado un documento titulado “Chile-Bolivia: Propuesta para una relación de futuro”. Se refiere a una nueva etapa de la eventual bilateralidad entre los dos países, sin tomar como base la cacareada ‘agenda de los 13 puntos’ de avances poco relevantes entre 2006 y 2010, con lo que prácticamente da por cerrado el litigio marítimo. Después de otrora improvisada y estrafalaria gestión diplomática plurinacional, queda pendiente la respuesta de Bolivia sobre la propuesta trasandina de impulsar “una relación de complementariedad y colaboración a largo plazo”. ¿A empezar de cero?

Con las elecciones generales del 6 de septiembre que se llevarán adelante aunque corran el riesgo de terminar infectados todos los votantes y otros actores cuando la pandemia alcance su apogeo, Bolivia habrá gastado una millonada que podría haber tenido mejor destino y provecho, incluyendo costosos y cuestionables procesos anteriores. El TSE hizo conocer su presupuesto de Bs 215 millones y una ley para que la subvención a los partidos políticos sea destinada a garantizar las condiciones de bioseguridad del acto que se avecina. Dicho presupuesto, si de consuelo sirve, es un 12% menor que el utilizado en el montaje fraudulento del 20 de octubre de 2019 y que le costó al país Bs 217 millones. Una ponchada de plata de la que tendrían que rendir cuentas ante la justicia todos cuantos urdieron y avalaron esa monumental farsa electoral y que hasta ahora se mantienen como si nada hubiera pasado. Libres de polvo y paja; de yapa, con nueva candidatura en liza y poniendo cara de yo no fui.

En el repaso de otros ejercicios electorales a los que tan afectos somos los bolivianos para dizque fortalecer el músculo de nuestra democracia, se registran las ‘primarias’ del 27 de enero de 2019 y en las que se gastaron inútilmente Bs 27 millones cuando ningún partido había presentado más de un binomio que justifique su convocatoria. El referendo del 21 de febrero de 2016, forzado por el caudillo inefable que aseguró haber llegado al poder para quedarse, es también digno de mención: Costó Bs 166 millones y cuando la mayoría de la población votó No en contra de una nueva postulación del ahora ex-gobernante prófugo, sus resultados fueron descarada y alevosamente desconocidos. La suma ya está hecha: Bs 625 millones en cuatro citas con las urnas. Mucha plata disparateada para tan exiguo beneficio y el manoseo de la voluntad ciudadana.

Las acciones violentas y delictivas siguen registrándose en el trópico cochabambino, como viene ocurriendo desde que gran parte de esa región rica y exuberante se convirtiera en ‘tierra de nadie’, en el feudo inexpugnable de cocaleros que surten las factorías del narcotráfico y en escenario de bloqueos perversos, atentados dinamiteros, secuestro de periodistas y de otros abusos y atropellos cubiertos por un manto de impunidad. El último hecho fue el robo de equipos e insumos médicos para centros asistenciales colapsados por el Covid-19 en Santa Cruz y que desde La Paz transportaban tres camiones. La fechoría inaudita fue perpetrada en la zona de Bulo Bulo que marca el límite con Cochabamba. La presencia del Estado en esa ‘zona caliente’ debería dejarse sentir con la firmeza necesaria de una buena vez.