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La corrupción detectada en la compra de 170 respiradores ha dejado un profundo daño a los bolivianos. No es solo el dinero del sobreprecio, sino la fe ciudadana y la pérdida de una oportunidad de oro para la adquisición de equipos imprescindibles en la lucha contra el coronavirus.

En el Gobierno hablan de recuperar los dos millones de dólares que se pagaron como anticipo por la compra de esos equipos que no sirvieron para nada. Un ministro señala que recuperar ese monto es algo que no se hizo en la anterior gestión de gobierno y eso puede ser cierto, pero no es lo más relevante. Es solo una parte de la compleja estela de perjuicios causada por la vileza de quien solo piensa en su propio beneficio y no duda en aprovechar el dolor ajeno con tal de enriquecerse.

Con la compra irregular de los respiradores en plena pandemia, los bolivianos perdieron la fe en un Gobierno transitorio en el que estaba depositada la confianza de que un cambio era posible. Cansados de los escandalosos hechos de corrupción de la gestión de Evo Morales, la ciudadanía protagonizó la ‘revolución de las pititas’ porque quería acabar con el despilfarro y la prepotencia de usufructuar los recursos nacionales. El hecho ocurrido en el Ministerio de Salud quebró la fe que no ha logrado recuperarse hasta la fecha y que probablemente no se recuperará en muchos años. En tal sentido, no ha bastado con el encarcelamiento de un ministro y de otros funcionarios; a nivel del tejido social se ha generado la idea de que la corrupción está incrustada y eso hace que la desconfianza sea la regla, cuando se necesita que sea la excepción.

Por otro lado, la compra corrupta de respiradores con fondos prestados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pone en la mira a Bolivia. Sin que nadie lo haya mencionado oficialmente, es lógico suponer que ahora cuesta más acceder a los créditos e incluso las donaciones provenientes de la comunidad internacional en un momento de vacas flacas. Es que ha sido demasiado grave que se pretenda robar al país en plena crisis sanitaria.

Asimismo, este caso da la pauta de que hay un mecanismo corrupto que gestiona las compras del Estado (a través de empresas intermediarias, no siempre fiables), dejando un margen de sobreprecio que -de acuerdo a lo conocido en el caso en cuestión- buscó beneficiar a unos cuantos antes que buscar los mejores precios y la mejor calidad del producto. Los ventiladores en cuestión no funcionaron nunca, porque ni siquiera se los ha podido operar con el software adecuado. Deben estar almacenados y en franco deterioro en algunos depósitos del país.

Tras este escándalo, quedaron paralizadas durante semanas otras adquisiciones imprescindibles y eso nos tiene en un estado de falta de equipos e insumos a los que se debería haber accedido con celeridad, lo que marca la impresión de que no se atendió la pandemia con la celeridad y eficiencia necesarias.

En las provincias de todos los departamentos hay mucha demanda de servicios de salud; en gran parte de estos lugares no hay ventiladores y menos respiradores. La gente está muriendo. Eso hay que remarcarlo, porque ese factor: la vida, pasa a segundo plano para los corruptos, que solo ven el momento de robar, sin tener más consideraciones.

En tal sentido, la investigación debe hacerse de cara al pueblo, toque a quien toque. No alcanza con las denuncias mediáticas que hacen los militantes del MAS y los miembros del Gobierno. El Ministerio Público está en la mira y debe demostrar su idoneidad (puesta en duda por los mismos actores políticos que vinculan al fiscal general con la anterior administración del poder). 

El daño es profundo y, en este caso, urge no solo saber la verdad, sino castigar con todo el peso de la ley a los responsables de semejante inconducta que abre una herida difícil de sanar.