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La transmisión en vivo de médicos reanimando a un paciente, que era atendido en un improvisado albergue para personas con Covid-19, generó una ola de críticas no solo al medio que difundió la tragedia, sino al precario sistema de salud boliviano.

La interrogante siempre es la misma ¿Por qué no se invirtió más en salud? Y la respuesta no llega. Todo lo contrario, surgen más datos que confirman que durante el llamado proceso de cambio la salud no cambió nada. Solo basta con ver las cifras de la deuda externa del Banco Central de Bolivia (BCB) para darse cuenta. Hasta 2019, el Gobierno de Evo Morales asumió compromisos externos por $us 11.267 millones, pero de esa cantidad solo un 1,7% se destinó a salud.

De todos los recursos que canalizó a través de préstamos del exterior, el gobierno de Morales asignó $us 177,7 millones para hospitales o programas médicos.

Actualmente, el tema de la deuda externa se ha puesto en debate. Con la llegada del coronavirus, el sistema de salud se vio desbordado. Ante esta emergencia, el Gobierno de transición recurrió al crédito externo para poder enfrentar al enemigo invisible más famoso del mundo.

El destino de estos recursos, según el Poder Ejecutivo, será para robustecer la precaria red de hospitales colapsados con pacientes de coronavirus y para apoyar la reactivación económica, que al igual que la salud, fue golpeada por la pandemia a raíz de la cuarentena aún vigente en el país.

En total, la administración de Jeanine Áñez logró obtener varias líneas de crédito por $us 1.629 millones que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De esa cantidad, $us 1.005 millones corresponden a una línea de crédito con el Banco Central de Bolivia (BCB), y otros $us 624,3 millones son la sumatoria de préstamos gestionados ante CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que deben ser aprobados.

Desde el Legislativo indicaron que estos créditos deben cumplir requisitos obligatorios como tener un proyecto de ley, más un contrato, que debe ser analizado y discutido por el plenario de las dos cámaras de parlamentarios.

De todos los montos gestionados, el que más controversia genera es el canalizado ante el FMI que acordó prestar $us 327 millones. Esta cifra será usada para atender los problemas de salud que profundizó la pandemia.

Y, de hecho, más que un crédito es una devolución de una serie de aportes que hizo Bolivia como socio del Fondo, explica el economista Germán Molina.

Nos está devolviendo nuestra cuota, pero debemos devolverla en cinco años. No hay condiciones salvo que sea usado para el Covid-19, y que se mantenga estable la economía”, dijo.

Desde la Asamblea, los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tienen mayoría, aseguran que el monto viene condicionado a medidas que el Gobierno debe tomar, a los que llaman ‘neoliberales’, como la flexibilización del tipo de cambio, que se mantiene fijo, y la reducción del déficit fiscal; controlando el gasto.

Esta postura es rechazada por el Gobierno y el mismo Fondo, que negaron haber establecido condiciones para este préstamo.

Es más, el Ejecutivo cuestionó al Congreso por aprobar créditos sin ningún tipo de observación, en la administración de Morales.

Contrato de deudas

En total, según datos del BCB, desde 2006 hasta 2019, el Gobierno de Evo Morales contrató 272 créditos por un valor de $us 17.818 millones.

Pero un informe preliminar presentado por el Ministerio de la Presidencia señala que, desde su primera gestión, el Congreso aprobó 263 leyes para canalizar $us 17.156 millones.

“En 14 años no se aprobó ni una sola norma a favor de la salud. Denunciamos que el MAS, desde la Asamblea, bloquea una de las posibilidades de fortalecer aún más la lucha contra el Covid-19”, señaló Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.

La diputada de Unidad Demócrata, Shirley Franco, señaló que las gestiones del Gobierno de Morales estuvieron calificadas como época de bonanza económica, “pero paralelamente fue una etapa de endeudamiento acelerado con frecuentes contratos de préstamo y financiamiento externo contraídos por el Gobierno”.

Destino de la deuda

Según el informe 2019 del BCB, el saldo de la deuda externa, ese año, llegó a $us 11.267 millones. Esto representó un crecimiento del 247,85% con relación al primer año de Gobierno; cuando el saldo era de $us 3.239 millones.

Del total de la deuda un 41%, ($us 4.618 millones), se usó para proyectos de infraestructura vial. Mientras que un 15% se canalizó para proyectos multisectoriales ($us 1.688 millones).

En salud, el monto asignado fue de $us 177,7 millones, esto representa un 1,7% de todo lo que Bolivia recibió por créditos.

El año pasado los desembolsos por la deuda externa, llegaron a $us 1.520 millones. De esos recursos, $us 566 millones (37,2%) se usaron para infraestructura.

Los proyectos financiados fueron la construcción del tramo central doble vía El Sillar ($us 63 millones) y el programa Sectorial de Movilidad Urbana ($us 50 millones). Incluso otros $us 349,7 millones (23%) llegaron para apoyo presupuestario.

Para salud, se desembolsaron $us 62,1millones (4,1%). Parte de esos recursos financiaron el programa de mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia.

A este programa se asignaron $us 50,4 millones de la deuda. Otros $us 9,7 millones se usaron para el proyecto de Redes de Servicio de Salud, por último $us 2 millones fueron para el fortalecimiento de redes integrales de salud en Potosí. La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) ejecutó estos programas.

Estas cifras, según Franco, demuestran que al anterior Gobierno no le importó el desarrollo humano y menos la salud.

“El MAS priorizó obras que entren por los ojos, por eso impulsaron ‘elefantes blancos’, canchas, museos”, observó.

Sin embargo, Édgar Montaño, diputado por el MAS, sostuvo que no pueden acusar a la Asamblea de inviabilizar los contratos de crédito. Es más, aseguró que desde el Gobierno de transición no se entregó la documentación necesaria para que el país acceda a estos préstamos; como un contrato con el organismo financiador y un decreto supremo.

“Si presentan esos documentos, seguro vamos a aprobar”, dijo.

El asambleísta acusó al Gobierno de tener listos los montos comprometidos por el FMI.

“Tienen estos recursos de forma ilegal”, sostuvo Montaño.

Sobre las observaciones al gasto en salud, aseguró que la gestión de Morales dejó 33 hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Además, sostuvo que otros $us 200 millones fueron aprobados en 2019 para habilitar el Sistema Único de Salud (SUS)

Hay infraestructura, el Gobierno de transición no la está equipando”, sostuvo el parlamentario.

Sobre las críticas acerca del por qué se aprobaron créditos sin ningún tipo de observación, dijo que lo hicieron porque todos los documentos estaban en regla.

El experto constitucionalista, José Luis Satistevan señaló que el anterior Gobierno malutilizó el artículo 322 de la Constitución política del Estado, que establece que todos los préstamos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa aprovechando su mayoría parlamentaria.

Además, sostuvo que Morales violó el artículo 321 de la Carta Magna que establece que: “las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo”.

“Incluso violaron la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que pone como pilar la salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. Ni eso cumplieron”, dijo.

Para Molina, es necesario que las fuerzas políticas que controlan la Asamblea y el Gobierno dejen el enfrentamiento y busquen un acuerdo para canalizar créditos que ayuden a superar la crisis.

De no darse esto, se seguirán viendo médicos tratando de reanimar personas que mueren por la falta de infraestructura adecuada para salvar vidas.