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La anotación de un bien inmueble de propiedad del exministro de Gobierno, Carlos Romero, a cambio del monto de fianza de 350 mil bolivianos permitió a este dejar la cárcel de San Pedro y los abogados preparan un pronunciamiento. 

Por decisión del juez anticorrupción Alan Zárate, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, cumplirá su detención domiciliaria porque logró que el juzgado acepte como garantía una casa a cambio de los Bs 350 mil que se había impuesto como fianza. Las otras medidas que debe cumplir son arraigo y firma ante la Fiscalía cada 15 días. No tendrá custodia policial.

El exministro está acusado de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por el desfalco que se produjo en la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) entre las gestiones 2013-2016 e involucra a civiles y militares de esa unidad. El caso estaba paralizado hasta la detención del exministro y desde entonces tampoco se realizó ninguna acción de los fiscales.

El 17 de enero, el juez Zárate decidió la detención preventiva de Romero por el lapso de seis meses, tal cual había solicitado la Fiscalía, sin embargo, en una audiencia de apelación que se realizó en febrero de este año, la sala penal primera determinó reducir ese plazo a cinco meses desde el momento de la detención, es decir desde el 17 de enero, ese plazo se cumplió el 17 de junio.

Frente a esa situación, el juez Zárate decidió otorgar la detención domiciliaria, pero puso como condición el pago de una fianza de Bs 350 mil, cifra considerada inalcanzable por los abogados defensores y apelaron la decisión. Pero el 26 de junio la Sala Penal Tercera ratificó las medidas sustitutivas y negó la reducción de la fianza. De ese modo, la defensa logró conmutar el dinero por el bien inmueble para que Romero se defienda en libertad. 

Para los fiscales hay al menos media docena de testigos que debían ser convocados y otras cuatro personas citadas a declarar por este caso, pero que, por la emergencia declarada, el mismo Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió la suspensión de todos los juicios y los actos investigativos y por eso los fiscales no realizaron ninguna actividad.