¿Quién fiscaliza el trabajo del gobierno departamental y municipal frente al coronavirus?
Jesús Raúl Arteaga Quisbert
El 17 de marzo, el Decreto Supremo N° 4196 declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el país contra el brote de la Covid 19; medida atinada para poder frenar que el virus no se propague. Sin embargo, la irresponsabilidad, indisciplina, la estupidez o ignorancia de muchos hacen que esta pandemia nos esté matando.
Es bueno afirmar con absoluta certeza que nunca ningún gobierno se interesó por la salud de la población, mucho menos en dar cumplimiento al art. 35 de la CPE. Todos los gobiernos de turno utilizaron a la salud como un botín político para colocar a su militancia, como lo hizo el MAS en la Caja Nacional de Salud de Santa Cruz y en muchas instituciones públicas sin concursos de méritos.
Durante esta cuarentena nos hemos enterado de varios casos de falta de atención a las personas que han sufrido con el contagio de la Covid 19, por parte de la Gobernación y la Alcaldía. Sin entrar en mayores detalles, nos referiremos a uno ocurrido la semana pasada en el domicilio de una familia, residente por la Av. Santos Dumont, que realiza muchas llamadas telefónicas al teléfono No. 168 del SEDES Santa Cruz para hacerles conocer que en ese domicilio se encontraban siete personas con síntomas de Covid19 sin lograr contestación y cuando lo hicieron fue para derivarlos a un coordinador de la zona sur, quien respondió que en dos días mandarían a una brigada médica, que nunca llegó hasta el día de hoy.
El resultado de esa negligencia, que es incumplimiento de deberes con la salud en época de pandemia tiene responsables, porque como consecuencia falleció el padre, y como si fuera poco, a los dos días otra familia cruceña salió en la televisión llorando y suplicando que el Sedes acuda a atender otro caso similar.
Todos los días todos somos testigos de los informes mediáticos que presta el SEDES sobre los casos de la Covid19 en nuestro departamento, pero también vemos por todo lo que está ocurriendo, que tanto el Gobierno Nacional como la Gobernación y la Alcaldía cruceña no están cumpliendo con la atención a los enfermos de la Covid19 por las razones de conocimiento general; sin embargo, puntualizamos con meridiana claridad que la salud ha sido politizada al 100%, velando sus intereses partidarios y políticos.
Están incumpliendo la Ley 341 de Participación y Control Social respecto a “que es un derecho de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la gestión estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y de calidad de los servicios públicos y básicos, para la autorregulación del orden social”.
No están tomando en cuenta a los controles sociales que en definitiva, son los llamados por Ley a supervisar, evaluar y controlar el trabajo de las autoridades; pero no controles sociales afines a sus partidos políticos ni vendidos, sino ciudadanos notables de nuestra sociedad cruceña, que no se venden ni se prestan sino que hacen el bien común.
