La Credibilidad del Plan de Reactivación
Tanto en el sector empresarial como laboral hay mucha expectativa sobre cómo se reactivará la economía y el empleo, con un paquete de medidas financieras fundado en las buenas intenciones de un gobierno con plazo fijo, cuyo mayor obstáculo es un infranqueable muro de asambleístas opositores que en su absoluta inconciencia creen que el bloqueo financiero perjudica a su accidental rival político.
Hasta ahora, lo ejecutado y visto es el primer paquete de medidas económicas que estuvo centrado en mantener el consumo interno a través de los bonos de asistencia a las familias que sumaron casi 5.000 millones de bolivianos beneficiando a más de 9 millones de habitantes de clases menos favorecidas; entre ellos, niños y jóvenes en edad escolar y personas de la tercera edad. A esta ayuda se suman los descuentos en los servicios básicos, lo que representó una ayuda de 780 millones de bolivianos adicionales.
Lo hecho en materia financiera hasta ahora han sido más cascaras que nueces, se aprobó a través del DS 4216 de mediados de abril una línea de crédito con plazo de 18 meses con seis meses de gracia y tasa del 3,75% para el pago de dos meses de planillas de sueldo de los trabajadores. Este fondo fue limitado a 900 millones de bolivianos a través del DS 4270 de mediados de junio, monto que ya los financió la banca privada y que aún espera rembolso del TGN a través del BDP. Resta decir que este financiamiento cubre menos del 20% de las necesidades de financiación del sueldo de casi un millón de trabajadores formales en el sector privado.
El mismo DS 4216 aprobó otra línea de crédito de 1.500 millones de bolivianos para reactivar a las MIPYMES con tasa de interés preferente a cinco años plazo con un año de gracia; los fondos para estos créditos hasta la fecha no están disponibles en el sistema financiero a más de sesenta días de la aprobación de la norma. Estas primeras medidas financieras no ejecutadas conforme a las expectativas de un sector productivo que ya dejó cesante a gran parte de su planta laboral, le dejan poco margen de credibilidad al gobierno en su capacidad de reactivar la economía del sector productivo.
El último plan de rescate del Gobierno fue lanzado hace pocos días a través del DS 4272 bajo la denominación de “Programa Nacional de Reactivación del Empleo” que pretende disponer entre fondos para crédito y fondos de garantías cerca de 32.200 millones de bolivianos que equivaldrían, sumando los bonos y los descuentos en servicios básicos, a un total aproximado de 38.000 millones de bolivianos que representan el 12% del PIB. Según el informe del MEFP la ayuda habría llegado al 13,7% del PIB incluyendo un sacrificio fiscal de 2.500 millones de bolivianos, cifra discutible toda vez que ninguno de los impuestos fue condonado y algunos solo han sido prorrogados.
Son destacables en el programa de reactivación, el apoyo al empleo al que se la han asignado de inmediato 100 millones de bolivianos y se rescató un fondo de 13.800 millones de bolivianos establecidos en la Ley 742 del 2015 que estarán destinados a financiar especialmente programas y proyectos de construcción en los sectores de salud, vivienda y servicios básicos, que tienen una alta demanda de manos de obra. De igual forma, debería ser de alto impacto el Fondo de Reactivación (FORE) con 12.000 millones de bolivianos destinados a la reprogramación y refinanciación de los créditos de las MIPYMES, los que serán apoyados por tres Fondos de Garantía sectoriales que totalizan otros 6.000 millones de bolivianos.
Para inyectar liquidez, al sistema financiero se aprobaron tres medidas, la primera es una reducción de la tasa de encaje legal que aplica el BCB, lo que incrementaría la disponibilidad de entidades de intermediación financiera (EIF) en 3.400 millones de bolivianos, la segunda un incremento de los fondos en custodia de las EIF que agregaría una disponibilidad de 500 millones de bolivianos y la tercera la posibilidad que tendrán las mismas EIF de titularizar su cartera de préstamos a la vivienda que según el gobierno representaría un adicional de 8.000 millones de bolivianos de liquidez. Los recursos liberados por el BCB deberán constituirse en un Fondo (CAPROSEN) destinados a garantizar créditos del BCB a las EIF a tasa 0% destinado a incentivar el consumo de productos y servicios de la industria nacional que deberán colocarse a una tasa máxima del 3%.
Lo que sin duda es un ambicioso plan de reactivación puede resultar falto de credibilidad cuando todos sabemos los problemas de liquidez del Estado, dada la reducción de las reservas internacionales, la caída de las exportaciones de gas natural, la merma en las remesas y la reducción de los ingresos fiscales por efecto de la cuarentena, a lo que se suma a una oposición que bloquea el financiamiento externo. En definitiva, por el bien de todos esperemos que el gobierno pueda cumplir con su plan de reactivación.
