Ahora el Gobierno quiere retomar el caso Chaparina
Sacha Llorenti, Evo Morales y Álvaro García Linera son señalados por los indígenas como los responsables de todo
A casi 10 años de los sucesos en la VIII marcha indígena en la localidad beniana de Chaparina y luego de que la CIDH admitiera la demanda que presentaron los propios indígenas, el Gobierno decidió retomar la investigación del caso Chaparina, aunque está en manos de la Fiscalía que no avanzó nada durante todo este tiempo.
“Vamos a retomar todas las investigaciones y procesos que fueran necesarios contra los directos responsables de la violación de derechos humanos y principalmente de la brutal represión que hubo en Chaparina”, dijo en conferencia de prensa, el viceministro de Justicia, Huberth Vargas.
A inicios de 2011, los habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) protagonizaron la marcha por la defensa de su territorio y en rechazo de la construcción de una carretera que pretendía pasar por ese parque. El 25 de septiembre de ese año, efectivos de la Policía ingresaron con gases lacrimógenos al campamento de los indígenas, en Chaparina, y detuvieron a hombres y mujeres, con sus niños.
Según la percepción del viceministro Vargas fue el gobierno de Evo Morales quien no permitió que se avance en esa investigación porque tenía el control total de los órganos del Estado. “La admisión del caso en la CIDH confirma la denuncia que venimos realizando desde el Ministerio de Justicia, de que en los anteriores 14 años del gobierno de Morales se vulneraron los derechos humanos en diferentes contextos”, subrayó Vargas
Los fiscales que estuvieron a cargo del caso no avanzaron en las investigaciones ni presentaron ninguna imputación y menos una acusación formal. Dentro de este caso, los tres primeros señalados fueron el exministro Sacha Llorenti, el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes los indígenas consideran los artífices de la represión.
Vargas recordó que, en enero de este año, se presentó en Washington (Estados Unidos) un informe jurídico a la CIDH y a la comunidad internacional sobre la violación de los derechos humanos en los 14 años de gobierno del MAS, entre ellos a la libertad de expresión, el libre tránsito y al acceso a un debido proceso, entre otros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó, el 22 de junio, la aprobación del informe de admisibilidad 113/20 que acepta la petición presentada el 8 de mayo de 2012, por 64 comunidades indígenas del Tipnis que denunciaron al Estado boliviano por la violación de sus derechos territoriales.
