Pasividad frente a clínicas y farmacias insensibles

Si algo hace particularmente trágica la pandemia del coronavirus en Bolivia es el sufrimiento de las personas que buscan desesperadamente un espacio en un centro médico, de aquellos que gastan todos sus ahorros en la internación de un familiar, que después no saben de dónde sacar más dinero para cubrir la factura, incluso sin saber si el enfermo saldrá con vida, y de aquellos que van a la farmacia y se ven obligados a pagar facturas desorbitadas de medicamentos que antes tenían un precio cinco o diez veces inferior.

Esa es la tragedia paralela a la del virus que con impotencia viven miles de bolivianos en estos días: ciudadanos que, al sufrimiento por el contagio, tienen que sumar el abuso de clínicas y farmacias que ven en esta emergencia sanitaria la gran oportunidad de sus vidas para lucrar sin medida con el dolor de la gente.

A nadie se le ocurriría pedir de farmacias y clínicas actitudes solidarias, porque se entiende que son emprendimientos privados que tienen obligaciones laborales y tributarias y también un fin comercial, pero en una circunstancia como la actual debieran tener una actitud racional frente a la necesidad de la población necesitada de servicios y medicamentos.

Siguiendo la lógica comercial, se entiende que solo el gigantesco incremento de volumen de compras y requerimientos de servicios ya es un buen negocio para ellos. En un mes las farmacias probablemente vendieron más cantidad de alcohol en gel, barbijos, ibuprofeno, ivermectina, paracetamol y vitaminas que en los últimos diez años y, por tanto, generaron así inesperadas utilidades.

Bienvenidas esas ganancias, pero la gran pregunta es, si además de ese beneficio generoso, es ético y aceptable que multipliquen los precios al consumidor a sabiendas de que la población no tiene ingresos por estos días y que por necesidad no tendrá más alternativa que pagar cualquier tarifa en el intento de salvarle la vida a su familiar.

En medio de la aclaración a palabras en las que anunció expropiaciones, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que el gobierno tomará acciones contra las farmacias que especulan con elevaciones desmesuradas de los precios. 

“Un paracetamol costaba Bs 2 antes de la pandemia, ahora cuesta 12 bolivianos. No puede ser que las farmacias se aprovechen de la necesidad del pueblo. A la gente se le está robando”, decía la autoridad.

Sin embargo, la locuacidad del ministro Murillo no coincide con los hechos del gobierno: el país lleva cuatro meses en esta pandemia y pese a los reiterados anuncios, nada ha hecho para controlar los precios de servicios y medicamentos en clínicas privadas y farmacias. 

En el caso de las clínicas privadas, al margen de los altos costos de la internación y el tratamiento, se sabe que ellas exigen fuertes depósitos previos como garantía para la atención de un paciente, pero pese a que ese abuso se conoce desde hace tres meses, el Gobierno tampoco ha hecho nada para frenar el exceso.

Esta es la cara fea de la ley de la oferta y la demanda, pero cuando de por medio está la salud y la vida de los habitantes, el Gobierno tiene la obligación de establecer regulaciones oportunas. Hay que preguntarse, entonces, qué evidencias más esperan las autoridades nacionales para actuar en defensa de la golpeada economía de los ciudadanos.