Municipios cruceños no disponen de recursos económicos para combatir los incendios

Con Concepción, San Ignacio y San Matías como los municipios más afectados por el fuego, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz afina la estrategia de lucha contra el fuego, que también se ha visto afectada por las limitaciones y cuidados que exige el coronavirus.

Hasta el viernes, Cinthia Asín, secretaria departamental de Medio Ambiente, tenía reportadas alrededor de 330.000 hectáreas afectadas por las llamas, que en todo el país ya se acercan al millón de hectáreas quemadas, con foco en el departamento de Beni.

El punto que más preocupa a Asín es que los municipios afectados no se han declarado en emergencia por incendios. Secos económicamente por los recortes de ingresos en coparticipación tributaria y la bajada dramática de los precios de los hidrocarburos que afectan a la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, los municipios no disponen de recursos para enfrentar los desafíos del fuego.

No obstante, según Asín, si no se declaran en emergencia tampoco lo puede hacer el departamento y no puede acceder a los recursos para este tipo de desastre. Hasta el momento, el trabajo que se realiza es con recursos para incendios forestales y no alcanzarán.

Un cambio de escenario

Todos los años los incendios comenzaban en junio en la Chiquitania sur (San José, Chochís y Roboré), pero las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus hicieron que los chaqueos se retrasen.

Carlos Pinto, experto en manejo del fuego de la Fundación Amigos de la Naturaleza, agrega factores climáticos para que no haya sido así. 

Si bien hay sequía en la zona, no hubo las heladas que dejaron el monte chaqueño y chiquitano listo para arder, ni los vientos extraordinarios de más de 100 kilómetros por hora que convirtieron en títeres a las llamas. A ello le suma que en esta zona llovió en agosto, cosa que no pasó en el Pantanal ni en la Chiquitania norte, sectores donde ahora se focalizan los problemas.

Asín explica que se está movilizando maquinaria para tratar de cortar el fuego en la reserva de Copaibo, en Concepción, donde el fuego lleva semanas devorando bosque. Lo mismo en la zona de Bajo Paraguá. Además, se hará uso de retardador de fuego.

El municipio con mayor número de incendios es San Ignacio, con ocho activos actualmente. Algunos de ellos, como Campamento y San Rafael, con fuerte afectación a superficie boscosa. En la zona de Piso Firme, dentro del parque Noel Kempff Mercado en la frontera con Beni, la pelea es que el fuego no salte al monte y se apague en los pastizales.

Algo similar sucede en San Matías, cerca de la frontera con Brasil, donde se la logrado que el fuego no llegue al monte. Como sucedió el año pasado, debido a la distancia, esta es la zona con menos ayuda y allí los guardaparques, vecinos y algunos grupos que han llegado se multiplican para cubrir un territorio enorme.

Menos superficie

En comparación a 2019, cuando ardieron 4,2 millones de hectáreas en el departamento, 2020 no es tan mal año. A estas alturas ya habían ardido 2,4 millones de hectáreas, es decir, ocho veces más que en esta ocasión. 

Además del clima, Pinto dice que ha funcionado la reacción temprana de algunas comunidades, que se vuelcan rápido contra el fuego en lugar de esperar ayuda externa. Hay cuadrillas que han sido entrenadas y equipadas por la Gobernación y organizaciones no gubernamentales.

Si bien los incendios que se registran son cercanos a comunidades y se presume que todos comenzaron por quemas intencionadas para habilitar chacos, Asín y Pinto destacan que este año se han producido menos quemas con fines agropecuarios. 

Menos quema también implica menos voluntarios. Diego Suárez, un bombero que estuvo activo el año pasado,  partió a la Chiquitania con dos cuadrillas. Cada una de las personas que lo acompaña se ha sometido a pruebas rápidas de coronavirus para descartar que llevan la enfermedad a la zona.

El Gobierno abrió la posibilidad de derogar las llamadas “leyes incendiarias”, que permiten chaqueos de hasta 20 hectáreas sin más trámite y facilitan la reconversión de bosques en tierras agropecuarias. Los activistas reclaman acciones inmediatas, más que estudios.