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El gabinete sustituye el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas por la institución pública descentralizada Fondo de Desarrollo Indígena, donde elimina la participación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpem-B) del Consejo Consultivo que constituye el Decreto Supremo 2493. Los guaraníes están en apronte.

Ayer, el Gobierno publicó esta normativa para la nueva entidad, luego del escándalo que se develó, en febrero, cuando se denunciaron daños económicos al Estado, de al menos Bs 174 millones.

El naciente Fondo, cuya fuente de financiamiento son los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y donaciones, va a gestionar, financiar, ejecutar de manera directa y fiscalizar programas y proyectos para el desarrollo productivo originados desde los municipios y autonomías indígenas y de otros que sean de prioridad sectorial y estrategia nacional.

Consejo Consultivo
El DS 2493 constituye el Consejo Consultivo deliberativo, participativo y formulación de propuestas para el fomento del desarrollo, conformado por seis ministerios y cinco organizaciones sociales, de las ocho que antes participaban.

El gabinete decidió eliminar a la APG, Cpesc y Cpem-B y quedaron dentro de dicho Consejo la representación de Trabajadores Campesinos (Csutcb), indígenas del oriente (Cidob), de ayllus y markas del Qollasuyu (Conamaq), de Comunidades Interculturales (Csciob-colonizadores) y de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Apronte
El presidente de la APG, Domingo Julián Torrico, se vio sorprendido por la noticia y no descartó una movilización.
“Vamos a reunirnos a analizar el tema. De mi parte, la APG fue la nación que más luchó por estos recursos y nos sorprende esta desaparición. Hasta mañana (por hoy) vamos a tener una postura”, dijo.
A su vez, el presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas, sostuvo que el Gobierno siempre tuvo la intención de acaparar los recursos del Fondo Indígena para beneficiar sus propios programas.

“Ellos mismos plantearon la distorsión para el mal manejo de los recursos económicos para tener la justificación para apropiarse de este Fondo y luego establecer un nuevo procedimiento para aplicarlo bajo su propia política y ya no a favor de los pueblos indígenas”, cuestionó