Justicia anula la orden de aprehensión que existía contra Evo Morales
Se observó la vulneración del derecho a la defensa del expresidente. Al igual que en el caso de Héctor Arce, el Ministerio Público seguirá con las investigaciones del caso terrorismo
La justicia determinó en las últimas horas anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales dentro del denominado caso terrorismo, por coordinar el cerco a ciudades para dejarlas sin alimento durante el conflicto poselectoral de 2019.
“En esta acción de libertad a nombre del expresidente Evo Morales Ayma, en el análisis de antecedentes, el juez vio la vulneración de sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, justificó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino.
A su turno, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, explicó que, al igual que lo sucedido con el exministro Héctor Arce, sobre quien también se anuló la orden de aprehensión, se trata de una "decisión constitucional", que no impide que se siga con las investigaciones.
“Entiendo que se ha dejado sin efecto la notificación por edicto que se ha realizado, porque se debía realizar mediante cooperación internacional”, se limitó a detallar el titular del Ministerio Público.
Para mañana estaba prevista la realización de una audiencia de medidas cautelares contra el líder cocalero por sedición y terrorismo, aunque su defensa informó que no fueron notificados formalmente y que desconocían si se llevaría adelante el procedimiento.
La Fiscalía investiga al líder del MAS por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, y pide su detención preventiva, a consecuencia de un audio de noviembre de 2019, que revela un contacto con el dirigente Faustino Yucra, actualmente con detención preventiva, con quien coordinaba el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimento.
La decisión de dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Morales fue asumida por el juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, quien también benefició al exministro Arce.
En la argumentación se indica que la comisión de investigadores no cumplió con los procedimientos adecuados para emitir dicho mandamiento de captura ni tampoco sobre la información del mismo.
