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El fiscal de la unidad Anticorrupción, Iván Ortiz, indicó que ya solicitó a la Alcaldía la remisión de los dos contratos firmados por la Alcaldía cruceña con la empresa ITC Servicios, cuyo representante legal, el empresario Mario Alberto Bruun, es cuñado de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. Además, ha pedido la documentación sobre la conformación de la firma cuestionada en este tema, para saber quiénes y cómo crearon la empresa.

Ortiz, que hasta hace un par de semanas estaba como miembro de la comisión de fiscales que sigue el juicio en el caso de supuesto terrorismo, estima tener esta información en una semana más y agregó que una vez que realice un análisis de los documentos definirá cuándo y a quiénes citará. “Estamos comenzando la investigación”, aclaró Ortiz.
El fiscal de Distrito, Gómer Padilla, explicó que el delito por el que se presentó la denuncia es el de uso indebido de influencias, accionar en el que presuntamente habría caído la titular del organismo deliberante, que ayer, a través de entrevistas concedidas a algunos medios de comunicación, reiteró haber cumplido con las normas de contratación establecidas en el país.

Padilla aseveró que las pesquisas de los fiscales son objetivas e imparciales y que tanto Sosa como Bruun, su cuñado, deben presentar sus descargos cuando sean convocados.

La presidenta del Concejo, que en días pasados estuvo en la Fiscalía presentando una denuncia por acoso político en contra del senador Arturo Murillo, anunció que la siguiente semana entregará al Ministerio Público la documentación que demuestra su buen accionar en el caso y que está presta a colaborar con la justicia.

El concejal masista Johnny Zeballos declaró que Sosa sí tiene responsabilidad en estos casos.

Ataques políticos
Para Sosa, las razones que hay detrás de las denuncias en su contra tienen que ver con un ataque político del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina. Además, opinó que Murillo, el senador que hizo pública la denuncia donde se la involucra, debería ser retirado de la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Frente a esto, el parlamentario cochabambino y a la vez vocero de UN, indicó que Doria Medina no sabía nada de este tema y aclaró que él no le pide permiso a nadie para hacer las denuncias que realiza. “Este es mi trabajo y yo no le pido permiso ni a Samuel ni a nadie para cumplir con mi función de fiscalización”, subrayó Murillo.

A este lucha de declaraciones políticas que se comenzó a vivir, se sumaron las afirmaciones hechas por el concejal Rommel Pórcel, que no solo dijo que UN está detrás de estas acciones en contra de Sosa, sino también los Demócratas, de Rubén Costas.

Tomás Monasterio, diputado Demócrata, salió al paso de Pórcel y le pidió pruebas sobre estas aseveraciones