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Resoluciones de las organizaciones sociales solicitaron desde 2009 una auditoria al Fondo Indígena, pedido que fue ignorado por el Gobierno hasta la pasada gestión, según reveló el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Rodolfo Machaca. 
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"Nosotros desde 2009 hemos exigido a los directores ejecutivos que puedan reestructurar para mejorar el manejo y garantizar la transpariencia de los fondos. Desde la presidenta (Achacollo), hemos exigido y nos han hecho caso omiso", señaló el dirigente campesino. 

Afirmó que la idea, una vez conocida la denuncia de la Contraloría General del Estado sobre un daño económico de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos de desarrollo en varias regiones del país, es hacer seguimiento y corregir la nueva estructura del Fondo Indígena.

"No vamos a tapar, no vamos a sancionar. El caso de la ministra, no vamos a decir, pero como ministerio, ellos también tienen que responder. Nosotros solo hemos tenido la responsabilidad de aprobar proyectos", agregó Machaca. 

Niveles de decisión 

En el Fondo existe un nivel directivo que está a la cabeza de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y en la que además participan representantes de organizaciones sociales, en su mayoría, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Entre 2010 y 2013, salieron 1.432 millones de bolivianos de este Fondo que se lo construye con el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) cada año, para la ejecución de proyectos en el área rural en beneficio del sector campesino.