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Una comisión investigadora del Congreso de Perú consideró que existen "indicios razonables" de que el expresidente Alan García y varios funcionarios de su segundo Gobierno conformaron una asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber interferido en la investigación de un caso de espionaje telefónico.

El informe de la llamada "megacomisión" que investigó las presuntas irregularidades presentadas durante el segundo Gobierno de García (2006-2011), fue expuesto este sábado ante el Pleno del Congreso por
el legislador Sergio Tejada, quien la presidió.

El grupo de trabajo consideró que García y sus exministros Jorge
del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca fueron
responsables de una supuesta interferencia política en la
investigación judicial a la empresa Business Track
(BTR), dedicada a
un espionaje telefónico que fue descubierto en 2008.

Señaló que el objetivo de esas autoridades fue obstaculizar la
labor de la justicia para evitar que se aclaren las denuncias de
escuchas telefónicas realizadas por BTR. "De acuerdo con el informe en mención, los involucrados habrían conformado una asociación ilícita para delinquir con el propósito de obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades ilegales de interceptación telefónica de la empresa Business Track SAC y de evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas", indicó.

Señaló que estos audios "mostrarían la interferencia y
participación de miembros del gobierno y Partido Aprista Peruano en
los contratos de las empresas estatales en materia de
hidrocarburos."

Tejada dijo que existen "indicios razonables" que permiten
presumir la responsabilidad penal de Del Castillo por haber
promovido la salida del país de dos responsables del espionaje
telefónico, que iban a colaborar con las investigaciones.

En el caso de Miguel Hidalgo, quien por entonces dirigía la
Dirección Antidrogas (Dirandro)
, el informe lo acusó de reportar
directamente al Palacio de Gobierno, cuando su deber era hacerlo
ante el director de la Policía y el Ministro del Interior.

También consideró que García cometió una infracción
constitucional por haber ascendido de manera irregular al
contralmirante Elías Ponce Feijoo
, uno de los personajes que fue
sentenciado por estar implicado en el caso.

Tejada también sustentó ante el Congreso el informe sobre la
investigación que se hizo de las denuncias de irregularidades en la
reconstrucción y modernización de grandes colegios del país y
consideró que García y el exministro de Educación José Antonio Chang
deben ser denunciados por una presunta infracción constitucional.