Opinión

El Urubó, sitiado por la burocracia

Rony Feeney Rony Feeney Hace 3/7/2018 8:00:00 AM

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La problemática suscitada por la dificultad en el ingreso a la exclusiva zona del Urubó, municipio de Porongo, vecino de la zona Noroeste de lo que sería el quinto anillo de la urbe cruceña, debido a que su único puente está en reparación, ha llamado la atención y encendido el debate, comparable con la crisis de escasez de agua que se dio en otros municipios del país.

El Urubó, un área de aproximadamente 4.200 ha, aunque por efectos de mercadeo se use su nombre para comercializar terrenos distantes hasta 30 km. de él, está compuesto actualmente por una treintena de condominios y urbanizaciones en los que todo, o casi todo, ha sido construido por el sector privado, desde el puente de ingreso hasta la última calle y luminaria. Ahora, con la participación de la Alcaldía de Porongo se ha aportado para tener un nuevo puente que lo saque del drama de la saturación del único que posee la zona.

Su primer y único puente fue inaugurado hace 19 años y entregado al Estado, que le falló al privado al incumplir el acuerdo de que el constructor cobrara peaje para costear su mantenimiento. Después de casi dos décadas, ahora consigue su mantenimiento, pero el aparato estatal nuevamente le da otro revés a la zona al impedir que se construya otro puente, el Bicentenario. Ahora, toda la zona del Urubó está en la incertidumbre de poder conectarse dignamente con la ciudad capital, mientras se navega en un mar de intereses del mundo inmobiliario, conectados a los intereses de ambos municipios. Una inversión privada de 4.000 millones de dólares está ahora amenazada por una maraña de absurdos burocráticos.

Las autoridades locales insisten en considerar que el Urubó es otra región, ajena a la ciudad capital por el tema jurisdiccional, pero el ciudadano común lo ve como una zona habitacional más de Santa Cruz, con una visión más clara que sus autoridades en el sentido de que esta exclusiva zona, en realidad, es parte del desarrollo cruceño, y que como cualquier otra, tiene sus demandas y solo pide permiso para cubrir sus necesidades con sus propios recursos, en este caso construyendo  un nuevo puente. 

La lucha del Urubó y de Porongo, en general, se ha encontrado con el pesado e ingrato aparato Estatal en el nivel municipal, donde al margen de argumentos técnicos y legales, se enfrenta con una notoria falta de voluntad en la firma de convenio que viabilizaría el nuevo puente. Un municipio que, en lugar de cumplir con su tarea y resolver el problema construyendo un puente, decide frenar la iniciativa privada negándose a autorizar la obra por parte de privados.

Como si la pesadilla de la burocracia local no fuera suficiente, se suma la interpretación de que un proyecto de este tipo requeriría modificar una ley existente que protege las riberas del río. Es decir que no se puede hacer un puente porque hay que proteger las riberas y eso hay que resolverlo en La Paz. 

La burocracia local, que hasta el momento solo participa en la otorgación de la licencia ambiental para la obra, podía haber aprovechado para estrenar la tan bullada autonomía, con estatutos recién promulgados, pero prefiere someterse a la sacrosanta burocracia del Estado centralista.

Pero la burocracia no es el único problema, ahora entra al escenario una suerte de competencia, que más parece de tinte político, entre los gobiernos municipal y departamental, ofreciendo soluciones discordantes entre sí, lo que posterga más el anhelo de la zona. 

Se supone que las burocracias sirven, al final del camino, para resolver problemas de las sociedades, no para convertirlos en absurdas pesadillas. ¿Qué quieren estos burócratas? ¿Un puente aéreo?

Lo único que se le pide a la burocracia local y nacional es que no perjudique, que no estorbe, ya que no tiene la voluntad ni la vocación de ser útil.
El Urubó, ejemplo de desarrollo cruceño, sitiado por la burocracia estatal, a gritos exige puente ya.