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Cerca de las 24:15, el Juzgado Primero de Lucha contra la Corrupción de La Paz resolvió la detención preventiva para cuatro de los seis acusados en el caso por presunta corrupción con daño al Estado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Se decidió el envío de Selva Camacho a la cárcel de Palmasola; su hijo, Luis Alejandro Bell Camacho fue enviado a San Pedro;  Ericka Rojas Rivero irá al centro de Orientación Femenina de Obrajes y Yadilile Bravo Espinoza al de Miraflores.

Denuncian irregularidades 

Un juez de turno de la ciudad de El Alto devolvió a La Paz la documentación del caso.

La audiencia fue "con la jueza que conoció primero el caso. Parece que el juez de turno se excusó y ahora habrá que esperar lo que pueda suceder. Son varios casos que tengo que atender y es normal que pase algo así", dijo más temprano a EL DEBER el fiscal Leopoldo Ramos.

El fin de semana el juez sexto de instrucción penal-cautelar rechazó su solicitud de libertad y remitió el caso al distrito judicial de la ciudad de El Alto.

Edwin Tapia, el abogado de Selva Camacho, denunció que existe una total vulneración de los derechos de su defendida, debido a que son cinco días sin que se conozca la imputación. Los cuatro presuntos responsables de un daño económico mayor a los cinco millones de bolivianos al Estado fueron aprehendidos el 10 de diciembre.

"Es terrible lo que está sucediendo, no solo por Selva sino más por la bebé que necesita estar al lado de su madre. En este momento la tutela está en manos del padre, pero se necesita que la menor esté con su mamá porque es lactante", denunció el jurista en contacto con EL DEBER.

Camacho permaneció aislada las últimas 24 horas en celdas judiciales de la ciudad de El Alto, dónde no se le permitió tener contacto con los medios de comunicación e incluso la Defensoría de la Niñez intentó quitarle al menor para precautelar su bienestar.