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Con sus matices, nuestra ciudad se ha posicionado en el escenario internacional como el principal referente de concentración demográfica, inversiones, tecnología, poder económico, conectividad e integración trasnacional, entre otros indicadores clave en la estructuración físico-espacial de su territorio. Es la ciudad global, que se mueve pendularmente con altos índices de crecimiento y prosperidad, y que coexiste con la ciudad carenciada en cuyas intersecciones y fronteras aparece la marginalidad urbana, la ciudad dual que surge a su sombra o la consolidación de nuevas dinámicas fuertemente segregadas; por un lado, las zonas de riqueza que se agrupan en las áreas privilegiadas y por otro, las zonas pobres, donde el Estado y el mercado tienen una presencia débil.

En paralelo a la ciudad extrema, lo no formal y los espacios no globalizados son excluidos de todo tipo de beneficio, donde la pobreza es creciente y escasa esperanza, por lo que se activan los recursos de la ciudad del espectáculo, como espacio para paliar y recrear las diferencias. La ‘ciudad feliz’ se presenta con un nutrido programa continuo de recitales, festivales, desfiles de bellezas y modas, congresos, eventos y concursos de canto, baile, etc. En los intersticios de ambos extremos se reconoce a los nuevos marginados de la xenofobia posmoderna, las personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes.

‘La ciudad de todos’, en tanto sostenible, equitativa y solidaria, implica repensar cómo se producen las relaciones urbanas -de dos realidades extremas- con los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso referidos al cuarto millón de niños, adultos y ancianos, hombres y mujeres que viven con alguna discapacidad en Santa Cruz de la Sierra. 

Este dato oficial es revelador si tenemos en cuenta que más de 700 millones de personas habitan en el planeta en las mismas condiciones, 500 millones diseminados en países en desarrollo como el nuestro, discriminados políticamente en sus derechos civiles, a lo que debe agregarse que la discapacidad no viene sola, sino acompañada de extrema pobreza y de discriminación social. Por ello, resulta fundamental recordar que los derechos humanos son universales y, por tanto, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas con distintas discapacidades.

De acuerdo al cuerpo normativo y legal en torno a la defensa de los derechos de las pesonas con discapacidad, se consideran como tales a las personas de diversas edades, sexos y credos que tienen una o más deficiencias de sus funciones físicas, sensoriales y mentales que provocan la disminución o ausencia de la capacidad de ejecutar una actividad considerada ‘normal’ de una estructura social determinada. Por tanto, las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. 

Estos derechos contemplan un conjunto de medidas y condiciones que evite la exclusión o la restricción al disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. Implican igualdad de oportunidades, el poder trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado y a ser tratado con dignidad y respeto.  

 Producto del descuido gubernamental, de la indiferencia generalizada y la intolerancia contra los diferente, las personas con discapacidad, con sus fuerzas motrices drásticamente disminuidas, tienen que enfrentarse a un entorno material y social en condiciones desfavorables que le impiden desarrollarse normalmente en su ámbito inmediato y en la sociedad en su conjunto, a su vez son sometidos a barreras o exclusiones físicas y culturales.

Las barreras físicas aparecen por el tipo de ciudad que tenemos: una metrópoli con más de dos millones de habitantes, con una estructura de redes en la que transitarán unos de los flujos urbanos más intensos y una mancha urbana cercana a las 60.000 hectáreas, de modo que su crecimiento y consiguiente movilidad social se incrementará de forma extraordinaria, a tiempo que su funcionamiento se hará cada vez más fragmentada y compleja.

Lo paradójico es que se insiste en construir la ciudad sobre patrones estables y estándares antropométricos de personas sanas, jóvenes y, aparentemente, felices. Es la ciudad de los afiches turísticos y los datos macroeconómicos que esconde el 60% de la población viviendo en los márgenes de pobreza, de los cuales cerca del 15% sufre alguna discapacidad.

La realidad del espacio público es patética: los anillos y las radiales son humanamente infranqueables por la falta de carriles y puentes peatonales, así como la insuficiente señalización urbana. El acceso a los servicios de transporte público constituye una aventura temeraria.

Las calles inhóspitas no permiten una circulación peatonal continua ni segura. Los bordes de la propiedad privada son protegidos por sofisticados equipos de control, aparecen gigantescas bardas como trincheras con alambres de púas o cables de alta tensión.

En cualquier punto de la ciudad -central o periférica- no se puede caminar una cuadra sin interrupciones peligrosas, por pisos desnivelados, discontinuidad y angostamientos de los retiros, gradas imprevistas, cortes abruptos, etc. Las aceras públicas son invadidas por mesas y sillas, mostradores, casetas, maceteros, pérgolas, quioscos, vendedores de artesanías, promotores de celulares, tramitadores, servicios de emergencia, cambistas, transformadores eléctricos, cajas de control de redes telefónicas, infinitos productos para vender o simplemente para estacionar; todo entremezclado confirmando el surgimiento de la ciudad hostil para los ciudadanos de a pie, a los que se desplazan y se marginan más que cualquier discriminación consciente.

En nuestro país se promulgó la Ley General de la Persona Discapacitada -Ley 1678, 1995-, a objeto de estructurar un marco jurídico de protección, de atención de salud, trabajo, educación y rehabilitación, seguridad social y prevención para alcanzar su desarrollo pleno e integral en lo social, económico y cultural. En materia de seguridad ciudadana, la ley, en su artículo 13, establece prioritariamente la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos y arquitectónicos. La ley establece los plazos para su respectiva adecuación y para ese efecto se instruye la creación de una comisión para definir los instrumentos operativos correspondientes; sin embargo, como si se tratase de un mundo de papeles y de buenas intenciones, la realidad es cada vez peor, aunque habrá que reconocer ciertos avances.