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Las promesas y compromisos se constituyen en la voluntad y buena fe para cumplir a futuro un acto de hacer o no hacer, mientras que la obligación resulta de normas y resoluciones con el imperativo y fuerza coercitiva para efectivizar el cumplimiento. Pero dirijamos este enfoque a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, a quien nos adherimos convencionalmente y donde se ventila en fase de alegatos la demanda marítima boliviana. Afirmar que los argumentos de cargo ya esgrimidos constituyen una sólida estructura que lleva con pies de plomo el anhelado pedido de acceso soberano al mar, por lo que sus fundamentos irrefutables en justicia están elaborados sobre base histórica cierta y comprobable, que sumado al sostén jurídico de la jurisprudencia internacional, constituyen una acertada justificación para pretender que la demanda sea favorable. 

Ante ello, y en el supuesto que el fallo de la CIJ sea a favor de Bolivia, debería darse por descontado que este obligaría a Chile a negociar de buena fe un acceso soberano al mar, ya que las normas y fallos internacionales se cumplen, caso contrario sobrevienen consecuencias de exigibilidad y sanciones, desconfianza y carencia de fiabilidad de aquel Estado.  

Hasta allí todo claro, pero qué sucede cuando mandatarios del Gobierno boliviano incumplen la promesa de hacer cumplir la CPE, así como el compromiso de respetar el resultado del referéndum del 21-F, y de yapa afirman que una futura interpretación y fallo de la CIDH sobre la errónea interpretación del derecho político a ser elegido en la Sentencia Constitucional 084/2017 no obligaría al gobierno de turno a su cumplimiento. Con esta doble moral, ¿no estaríamos rifando la magnífica oportunidad de mostrarnos como un Estado de Derecho confiable, serio y cumplidor del derecho interno y resoluciones internacionales? Volvamos a Kant y recapitulemos el máximo nivel de su imperativo categórico no condicionado: ¡la voluntad de hacer lo correcto porque lo es en sí mismo, sin importar si me retribuyen de la misma manera!

El 17 de marzo del presente año, a solicitud de la OEA, se aprobó la primer interpretación internacional mediante informe de la Comisión Europea o Comisión de Venecia, argumentando que el derecho político a ser elegido no constituye un derecho humano en sí, porque se estaría desvirtuando el contenido filosófico jurídico del mismo al estar siendo mal utilizado en Latinoamérica para reelecciones indefinidas sin límite, con presión política y cooptamiento de los demás órganos de poder en desmedro de la alternancia y fiscalización material, lo cual destruye el falaz argumento de la Sentencia Constitucional 084/2017.

Por tanto, y en concordancia con la acertada demanda internacional que este mismo Gobierno impulsó, los mandatarios deberán también cumplir sus promesas, respetar los compromisos públicos y su obligación de respetar la CPE y las interpretaciones y fallos internacionales, restituyendo así el respeto a la soberanía popular, al principio democrático y a la supremacía constitucional; de lo contrario, con qué ética y moral exigirán a Chile el cumplimiento de obligaciones que ellos mismos niegan cínicamente cuando les conviene.