Opinión

La titulación de tierras, el otro sendero

DARIO MONASTERIO DARIO MONASTERIO Hace 10/7/2018 8:00:00 AM

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Una de las principales premisas del economista Hernando De Soto en sus libros El Misterio del Capital y El Otro Sendero, es que para que el capitalismo “funcione” para todos o, al menos para una mayor cantidad de personas, sobretodo en Latinoamérica, es que las personas tengan títulos y derechos de propiedad claros sobre sus inmuebles, sean estos urbanos o rurales. Así, podrían acceder al sistema financiero y ampliar su potencial de producción, inversión y o consumo. En Bolivia, se ha fomentado la informalidad de la economía en los últimos años a través de políticas públicas que van en contra de las premisas propuestas por De Soto. Es por esto que la titulación de tierras cobra una importancia fundamental en el proceso de generación de riqueza de base amplia en un país en el que históricamente, se han priorizado los beneficios de las rentas de los recursos naturales no renovables que se extraen del subsuelo. Esto es lo que se define como “rentismo” con instituciones “extractivistas”. (Acemoglu, Robinson. 2012).

El proceso de titulación de tierras se inició luego de la implementación de la ley Inra en 1996 bajo el concepto principal del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES), entre otras cosas, como garantía de propiedad privada, cumpliendo la máxima de la Reforma Agraria de 1953 de que “la tierra es de quien la trabaja”. Los programas de la cooperación internacional para finalizar la titulación de tierras en el país, cuentan con información importante para evaluar la temática de la tierra y proponer acciones para mejorar la producción, el acceso al financiamiento e incluso el acceso a las tierras fiscales que aún quedan en manos del Estado.

Cada departamento tiene distintas características en cuanto al tipo de tierra a titularse, lo que dificulta la eficacia del proceso dada la multiplicidad de variables que intervienen. Por ejemplo: la mayor área por titularse está en Beni; la mayor superficie cultivable a titularse está en Santa Cruz; Pando tiene las mayores tierras cultivables bajo el nuevo modelo social comunitario de la Ley de Reconducción Comunitaria (2006), a diferencia del resto de los departamentos que tienen las tierras en propiedad (privada) mayoritariamente, lo que confirma que ese es el tipo de propiedad más “usado y acostumbrado”. Los mayores porcentajes de propiedad individual los tienen Potosí y Cochabamba (97 y 96%, respectivamente), departamentos donde la Reforma Agraria fue más intensiva en cuanto a redistribución de tierras, al igual que en La Paz, donde la reforma agraria de 1953 creó nuevos propietarios de la tierra con pocos mercados para sus cultivos y con baja productividad. En cambio, en otros departamentos como Santa Cruz, sí hubo un aumento exponencial del área cultivable y de la productividad. Otros datos interesantes nos muestran que la tierra comunal tiene mayor vocación para pastos naturales, montes y bosques y no para uso agrícola: este tipo de propiedad y de vocación se da más (proporcionalmente) en Potosí, Pando y Oruro.

Los departamentos con las extensiones más grandes solo tienen tituladas sus tierras al 70% (Beni); y al 83% (Santa Cruz). Es decir, existe mucha tierra sin titular. Esta situación tiene un impacto mayor, en esos departamentos, en la seguridad jurídica de la tierra, la productividad y el financiamiento. Toda la tierra ya titulada, debería ser “sujeto de crédito” en el sistema financiero sin que se tenga que obligar a los bancos a alcanzar metas de crédito productivo que pueden distorsionar el mercado del crédito.

Para un mejor análisis de la titulación de tierras en el país debemos separar algunos aspectos en dos o más subconjuntos: la agricultura, diremos, “extensiva” (por mayor cantidad de área); por rentabilidad de la tierra por hectárea (ha); por nivel de ingresos de la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA); y/o por la forma de tenencia. ¿Para qué? Con la finalidad de analizar el “modelo” de la agricultura “extensiva” y proponer algunas mejoras; y con la finalidad principal de analizar y proponer mejoras al nivel de ingresos de las UPA, de los propietarios o comunidades con menores ingresos, mejorando así el coeficiente de Gini de las UPA en general (sin que se vean afectados los ingresos de la agricultura “extensiva”).

Por el lado de la demanda, la producción de la tierra se podría dividir en la producción para el consumo de subsistencia, para el consumo local, para el consumo nacional y o para el consumo internacional o para la exportación.

Cuando incorporamos al análisis las variables económicas, se responden algunas preguntas: en la categoría Tierras Agropecuarias se tienen mayores ingresos (o Valor Bruto de la Producción,) en las tierras ya tituladas y las comunitarias. Si vemos las tierras solo “Agrícolas” (sin pecuaria), todas, menos las tierras comunitarias tienen un mayor VBP, lo que por defecto nos lleva a concluir que la tierra comunitaria es (o debería ser) básicamente pecuaria para una mejora en su productividad. Cuando vemos las tierras solo “Pecuarias”, confirmamos que los mejores ingresos los tienen las tierras con títulos; y en Bovinos, lo mismo. Cuando llegamos al análisis de los subproductos bovinos, la tierra comunitaria ya no aparece en las de mayores ganancias y quedan solo las tierras con título. Del anterior análisis surgen propuestas: incentivar, a través de políticas públicas, la empresa societaria de o responsabilidad limitada (S.R.L.) o anónima (S.A.) en las tierras con título para producir sinergias y mayores posibilidades de capitalización. Otra propuesta que surge es de la forma en que las comunidades participarían más de los subproductos bovinos: que participen más en el VBP de productos bovinos con mayor valor agregado (subproductos), promoviendo políticas para que así sea. Otra propuesta de políticas públicas en el tema de la tierra sería contratar más trabajadores por más de 6 meses, con relación laboral de manera ‘indefinida’, flexibilizando la normatividad laboral, al menos en estos rubros.

Se debe promover un mayor uso de insumos en las tierras comunitarias, lo que lograría que puedan mejorar su VBP en pecuaria, incentivando el financiamiento hacia las comunidades para adquirirlos. El objetivo es que la titulación tenga realmente un impacto en la productividad de las UPA.

Otra propuesta, sería utilizar la experiencia de Fundempresa, a cargo del Registro de Comercio, que ha tenido como objetivo, la disminución de los días de trámites y los costos asociados a la apertura de una empresa. Para el caso de la titulación de tierras en Derechos Reales, una fundación podría hacerse cargo de su administración, reduciendo los costos y el tiempo de los trámites de titulación ya aprobados por el Ejecutivo, según lo dicta la ley.

En general, se debe aprovechar el proyecto de titulación de tierras para ir más allá de la titulación per se como solución final a la mejora de la productividad de la tierra en Bolivia y también incluir la mejora en los indicadores del financiamiento; de la asistencia técnica; del acceso a los mercados; del costo de los trámites de la titulación y de la formalización de la tierra; de los beneficios tomando en cuenta variables exógenas que afectan al precio de los productos, clima, etc. para dar un salto cualitativo en la calidad de vida de los propietarios, trabajadores y consumidores de la producción de la tierra en Bolivia como vía de escape al “rentismo extractivista” a través de la producción con mayor valor agregado y la diversificación de mercados.