En nueva audiencia, abogados de Jeanine Áñez insistirán en el juicio de responsabilidades

La defensa de la exmandataria Jeanine Áñez ha planteado diversos incidentes y observaciones procesales para que la causa sea remitida a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. De esta manera, se pretende que la imputación contra la exmandataria derive en un juicio de responsabilidades.

La audiencia esta fijada para este lunes, a las 14:00 horas, y se espera que Jeanine Áñez pueda participar en la misma de forma virtual. El juez Décimo de Instrucción de lo Penal se encarga de velar por el cumplimiento de las garantías procesales y deberá resolver los observaciones interpuestas por la defensa de la expresidenta.

El abogado de la expresidenta, Luis Guillén, informó que han interpuesto tres recursos de excepción amparados en el artículo 184 de la Constitución. 

Según explica el letrado, las imputaciones contra Áñez y los dos exministros, deberían enmarcarse en un juicio de responsabilidades, ya que se refieren al ejercicio de sus funciones como autoridades del Estado.

La interposición de estos incidentes forma parte de los mecanismos de defensa que establece el Código de Procedimiento Penal para garantizar la legítima defensa de los imputados, asegura Guillén.

Para el abogado defensor, el caso Áñez debería remitirse al Tribunal Supremo de Justicia “con el propósito de que subsanen esas situaciones”.

Del mismo modo, Guillén ha planteado un incidente de nulidad bajo el argumento de la “inviolabilidad personal recogida en la Constitución Política del Estado y que ampara a autoridades de Estado, asambleístas y líderes sindicales en el ejercicio de sus funciones”.

El abogado considera que “en el relato que se ha hecho, tiene que existir una descripción de hechos que no sea ambigua”. 

Para Guillén, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de mostrar que “las conductas de los tres imputados se adecuan a los delitos de terrorismo, sedición y conspiración” como señala la denuncia. En su criterio, la imputación por los delitos mencionados responde a un sustento político y no a un evidencia debidamente justificada ni demostrada.

​